RESPONSABILIDAD FISCAL
13/diciembre/2010
SIN TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL, NO HAY ESPACIO PARA UNA REFORMA TRIBUTARIA EXITOSA
En el Congreso de la República se está hablando, otra vez, de un paquete de reformas tendiente a aumentar los ingresos tributarios. La llamada Ley Antievasión II es un nuevo intento por mejorar los magros recursos financieros del Estado aunque, a diferencia de esfuerzos precedentes, esta vez se piensa aprobar en medio del fragor de la batalla política del año electoral.
Las razones para buscar aumentar la recaudación de impuestos han sido esgrimidas y repetidas no sólo por el actual gobierno, sino por cada uno de los gobiernos de esta época democrática sin importar su signo político: la necesidad de invertir en infraestructura para impulsar la productividad del país; la importancia de elevar la calidad de la educación y la salud públicas para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos; o, la urgencia de asegurar estándares alimentarios mínimos que permitan superar los vergonzosos indicadores de desnutrición infantil del país; son estos sólo algunos de los más convincentes argumentos a favor de aumentar la carga tributaria.
A ellos se agregan, por supuesto, los argumentos técnicos que los organismos internacionales suelen recordarnos con frecuencia: Guatemala tiene, en relación con su tamaño económico, uno de los gobiernos más pequeños del mundo y cuyo enanismo financiero le impide atender sus obligaciones esenciales en materia de provisión de servicios de seguridad, justicia, salud, educación, etcétera.
La innegable contundencia de estos argumentos se enfrenta, sin embargo, con la contra-argumentación que hace tan complejo el debate fiscal en nuestro país: si el gobierno quiere recursos tributarios, debería demostrar que los mismos se van a utilizar conforme a las prioridades de desarrollo del país y que no se perderán en la compleja maraña de ineficiencia y corrupción que se percibe en el manejo de la cosa pública.
Las incesantes noticias y rumores sobre prácticas de enriquecimiento ilícito en la ejecución de obras públicas; la opacidad en el uso de los recursos fiscales (¿alguien ha visto publicados, por ejemplo, los estados financieros o la ejecución presupuestaria de la USAC, que ahora tanto exige –en campos pagados- que se le asigne su cuota de ingresos?); o, la ineficiencia en el gasto (¿alguien recuerda cómo se dilapidaron los recursos de la privatización de empresas del Estado?); son estos sólo algunos de los más convincentes argumentos en contra de aumentar la carga tributaria.
Si el gobierno quiere recursos tributarios, debería demostrar que los mismos se van a utilizar conforme a las prioridades de desarrollo del país
No será fácil romper con ese diálogo de sordos en que se ha convertido el debate tributario, pero es menester intentarlo; una posible fórmula puede encontrarse en la experiencia de varios países que han emitido las llamadas Leyes de Responsabilidad Fiscal –LRF-, que buscan establecer reglas precisas para asegurar una adecuada gestión de las finanzas públicas y que incluyen tanto normas que ponen restricciones sobre la orientación de la política fiscal en términos de ciertos agregados fiscales, como normas de transparencia que buscan fijar determinadas prácticas administrativas.
La discusión de una LRF, que podría ayudar a revitalizar un pacto fiscal entre el gobierno, el estamento político y la sociedad civil, incluiría, en primer lugar, un conjunto de límites cuantitativos y cualitativos para variables tales como el déficit fiscal, la deuda pública o el gasto social, todas ellas con una perspectiva de mediano plazo y en función del rol anticíclico que debe desempeñar la política fiscal.
En segundo lugar, una LRF establecería la obligación de publicar periódicamente informes sobre el logro de los objetivos o metas fiscales. También incluiría la elaboración y publicación, por parte de todas las entidades del sector público (incluyendo el Gobierno Central), de estados financieros auditados que certifiquen la veracidad de la información. Finalmente, la LRF incorporaría la aplicación estricta de sanciones a quienes incumplan sus preceptos, con el apoyo de juzgados independientes y, preferentemente, especializados en temas fiscales.
Una LRF no es panacea, pero el solo hecho de considerar su discusión puede proveer los elementos de credibilidad y confianza que tanto se necesitan a la hora emprender cualquier proceso de negociación política en materia de impuestos.
