LA BUROCRACIA
28/julio/2008
EN GUATEMALA, LA BUREOCRACIA CARECE DE MERITOCRACIA, AFECTANDO LA EFECTIVIDAD DEL ESTADO
Ser un servidor público en países como Brasil, Chile, España, India o Inglaterra es motivo de orgullo y de realización profesional para los burócratas y para quienes aspiran a serlo. Hablamos, claro está, de sistemas en los que el mérito es el parámetro que guía las decisiones de contratación, ascenso y despido de los trabajadores públicos. En Guatemala, por el contrario, suele considerarse al servicio civil como un tipo de empleo que requiere de poco profesionalismo y al que, salvo escasas excepciones, nadie aspira para desarrollar una carrera productiva. Nuestra transición hacia regímenes democráticos agravó, lamentablemente, esta situación pues se generalizó la tendencia a utilizar el empleo público como un recurso para premiar con puestos de trabajo a los miembros del partido ganador o, en el peor de los casos, para ejercer el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
Lo anterior tiene efectos desastrosos sobre la institucionalidad y el funcionamiento del Estado que afectan la propia capacidad de ejecución de los gobiernos. Una burocracia profesional y estable debiera ser una de las anclas institucionales para el funcionamiento efectivo del sistema democrático y del Estado de derecho. La debilidad de la burocracia guatemalteca es una de las causas de la propia debilidad del Ejecutivo y de la falta de efectividad de las políticas de desarrollo. Esta realidad contrasta marcadamente, por ejemplo, con el enfoque de los países del Sudeste Asiático cuyas exitosas políticas de desarrollo se han apoyado en una burocracia profesional y meritocrática.
La debilidad de la burocracia guatemalteca es una de las causas de la propia debilidad del Ejecutivo
Por supuesto que la burocracia, para desempeñarse apropiadamente, requiere incentivos adecuados, particularmente en materia de salario y de evaluación del desempeño. Un sistema efectivo de incentivos debería contemplar, por una parte, salarios que garanticen la atracción y retención de personal competente y, por otra, mecanismos de gestión que incidan en un comportamiento efectivo de los funcionarios.
Es posible que si hiciésemos una encuesta respecto del sueldo de los diputados o ministros, la mayoría de guatemaltecos diría que un salario de alrededor de Q25 mil (publicado por un matutino hace algunos días) le parece demasiado alto. Sin embargo, si juzgáramos la remuneración de los funcionarios en función de las responsabilidades, atribuciones y dignidad de los cargos, veríamos que salarios como el mencionado están por debajo de lo que percibe un gerente promedio en una empresa privada (según una encuesta entre 84 empresas guatemaltecas realizada por una respetada empresa consultora en 2002, un gerente ganaba entonces, en promedio, Q39 mil mensuales), por lo que los guatemaltecos deberíamos replantearnos qué consideramos como un sueldo excesivo para un burócrata si es que en realidad queremos atraer y retener el talento necesario para desempeñar un cargo público de calidad.
Como contrapartida, claro está, deberíamos exigir una profunda reforma del sistema nacional de servicio civil (cuyo marco legal data de 1968) que incorpore los controles y evaluaciones del desempeño, el diseño de nuevos procesos tecnológicos y el necesario cambio cultural que permitan colocar a nuestra burocracia a la altura de los tiempos.
