EL DESAFÍO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
19/septiembre/2011
GUATEMALA NECESITA REFORMAS FISCALES Y PRODUCTIVAS PARA SUPERAR SU ESTANCAMIENTO ECONÓMICO
El gobierno que resulte electo el próximo 6 de noviembre enfrentará desafíos descomunales. Además de los temas sociales, políticos y ambientales que hemos comentado en las semanas anteriores, los aspectos económicos se vislumbran especialmente complejos. Por un lado, las lúgubres perspectivas de la economía internacional amenazan con ralentizar la incipiente recuperación de la actividad productiva nacional. Por otro, el deterioro cuantitativo y cualitativo de la situación fiscal apunta hacia un precario inicio de la nueva gestión de gobierno en enero próximo.
En el corto plazo, el desafío más complejo para la política económica es la consolidación de la estructura fiscal, lo cual requiere mejorar sosteniblemente la recaudación tributaria y, simultáneamente, mejorar la calidad del gasto público para evitar el desperdicio, minimizar la corrupción y dar los servicios públicos básicos a la población más necesitada. La ineludible reforma fiscal debe permitir una mejora de la inversión pública en las áreas clave de infraestructura, educación y salud (que apoyan el crecimiento económico y la armonía social), sin que ello se traduzca en un deterioro del déficit fiscal y la deuda pública.
También debe mejorarse urgentemente la forma en que se diseña y ejecuta el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno, de manera que dicho presupuesto se convierta (como debe ser) en el mecanismo técnico del Estado para priorizar y cumplir sus fines, funciones y políticas.
Pero más allá de los temas fiscales, el principal desafío de la política económica radica en aumentar la velocidad a la que crece la economía, cuyo ritmo ha sido evidentemente mediocre. Las razones estructurales de esta mediocridad del crecimiento económico tienen que ver, esencialmente, con la productividad o, mejor dicho, la ausencia de ella. La reducción de la pobreza y el avance hacia la prosperidad requieren de un aumento de la productividad, que pasa por mejorar el nivel educativo de la población, estimular la innovación, tener mecanismos eficaces para la reducción de conflictos e instituciones fuertes que protejan los derechos de propiedad y fortalezcan la democracia.
El principal desafío de la política económica radica en aumentar la velocidad a la que crece la economía, cuyo ritmo ha sido evidentemente mediocre
Además de los factores institucionales (que comentamos la semana anterior) otros factores que explican el endeble desempeño económico del país tiene que ver, por un lado, con cuán propicio es el ambiente para la eficiencia de la producción, el emprendimiento y la productividad y, por otro, con las bajas tasas de inversión en infraestructura que se han observado a lo largo de los años, lo que se ha reflejado en un parque limitado de activos de uso público que son básicos para la producción, tales como la generación de energía, la infraestructura vial, o el sistema de puertos y aeropuertos.
Por lo tanto, las prioridades de política económica del próximo gobierno deberían apuntar a aumentar la inversión en capital físico y la productividad en el uso de los factores productivos, lo cual requiere de intervenciones públicas orientadas a mejorar el capital humano, desarrollar la infraestructura básica y fortalecer la institucionalidad del Estado, al tiempo que se protegen o mejoran las intervenciones en otras áreas complementarias como, por ejemplo, la apertura al comercio exterior (que tiene un demostrado impacto positivo sobre el crecimiento), o la promoción de las MiPyMEs (fundamental para proveer mejores oportunidades a los sectores sociales menos favorecidos).
Complementariamente, la política económica podría propiciar el impulso de actividades clave para el crecimiento, tanto en el corto plazo (como podría ser una política de turismo que reactive áreas geográficas específicas que impacten rápidamente sobre el empleo y el bienestar) como en el largo plazo (mediante el impulso a la innovación, la ciencia y la tecnología).
Pero primero, para viabilizar esas políticas productivas es indispensable preservar los equilibrios macroeconómicos, empezando por consolidar los aspectos fiscales. Ello implica lograr un equilibrio en la carga tributaria que se le impone a la economía y al sector privado respecto de las necesidades de financiamiento y gasto del país. El difícil reto para la clase política es lograr un “buen equilibrio”, que signifique una mayor recaudación unida a una mayor eficiencia del gasto público.
