CADA MICO EN SU COLUMPIO
02/agosto/2010
LA FALTA DE GOBIERNO CORPORATIVO CLARO GENERA CAOS INSTITUCIONAL
Cuando un miembro de una junta directiva se pone a ejercer funciones administrativas propias del gerente o administrador, existe una alta probabilidad de que la organización de que se trate cometa graves errores que perjudicarán gravemente su funcionamiento. Esto es cierto tanto para corporaciones privadas como para entidades estatales. En ambos casos, el resultado inevitable será que ocurrirán daños económicos y reputacionales para la empresa o entidad.
En nuestro medio existe poco conocimiento y conciencia sobre la importancia de que las entidades (públicas y privadas) tengan un buen sistema de gobierno corporativo, es decir, un sistema por medio del cual se dirijan las organizaciones y se implementan controles sobre su funcionamiento, dentro de un marco donde se relacionen metódicamente la gerencia, los empleados, los socios, la directiva, los clientes y el público en general.
Los propietarios, los directivos, los gerentes y los auditores son quienes están llamados a configurar un buen gobierno corporativo. Si estos cuatro actores cumplen sus respectivos roles, la entidad de que se trate no sólo tendrá un mejor desempeño y rendirá mejores resultados, sino que también se protegerán los intereses de tales actores y del la comunidad. Si ello es importante en el caso de empresas privadas, lo es mucho más cuando se trata de entidades del sector público que manejan los dineros e inciden sobre el bienestar de la ciudadanía.
En efecto, los dueños de las entidades del estado somos todos los ciudadanos y, como tales, debería considerársenos como el cuerpo de más alta decisión corporativa, aunque sea por medio de la representación de los organismos del estado. Por su parte, en el caso de las entidades autónomas y en el de muchas descentralizadas, la Junta Directiva es la responsable de establecer los objetivos y estrategias organizacionales, así como de ejercer el seguimiento y control de sus actividades. Por su parte, los gerentes (o directores ejecutivos) tienen a su cargo la administración rutinaria de la entidad, conforme a su mandato legal y los lineamientos estratégicos establecidos por la junta directiva. Finalmente, la auditoría interna y la Contraloría de Cuentas deben escrutar el trabajo de la directiva y de los gerentes para coadyuvar al adecuado control operativo y financiero de la entidad.
La buena gestión pública no es gran ciencia, sino cuestión de sentido común para que cada mico se quede en su columpio
Cuando este esquema de pesos y contrapesos no se tiene claro, ocurren desastres institucionales como el que aqueja al Registro Nacional de las Personas donde, según lo reportado por los medios de comunicación, un miembro de la junta directiva estuvo, durante largo tiempo, tomando decisiones administrativas (que competían exclusivamente al Director Ejecutivo), imponiendo opiniones personales como criterios estratégicos (cuya definición competía a la junta directiva como cuerpo colegiado), o fungiendo de vocero oficial (lo que, evidentemente, excedía de sus atribuciones).
La misma falta de claridad respecto de los roles corporativos pudo verse también en el Organismo Judicial donde, en palabras atribuidas a su vocera, “las plazas administrativas las define el Presidente de la Corte; …no necesitan convocatoria ni concurso”, lo cual evidencia una terrible confusión de roles que no sólo pone un una situación vulnerable a dicho presidente (que, claro está, no tiene por qué tener experticia en contratar personal), sino que, como se vio con la contratación de una señorita a quien se vincula con amistades mafiosas, daña la integridad e imagen de dicho organismo.
Otro caso, pero a la inversa, se está dando en el Congreso, donde muy atinadamente se decidió hace más de un año segregar las funciones administrativas de las estratégicas mediante el nombramiento de un director administrativo, decisión que ahora se está poniendo en tela de duda por parte de algunos interesados en que la confusión de roles vuelva a instaurarse en el Legislativo.
La buena gestión pública requiere que estas lecciones se aprendan. No es gran ciencia, sino cuestión de sentido común para que cada mico se quede en su columpio.
