SANCIONAR A LOS IRRESPONSABLES
07/febrero/2011
LA DEUDA FLOTANTE Y LA MUNICIPAL PONEN EN RIESGO LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS
Recientemente se revelaron dos hechos que amenazan la sanidad de la economía nacional. El primero es la existencia de la llamada deuda flotante, que se trata de una deuda por obras y servicios que el gobierno ya recibió sin haberlos pagado, y que ni siquiera está registrada en la contabilidad del estado. El segundo es que existen 211 municipalidades que tienen deudas (en este caso sí están registradas) cuyo monto supera los Q2.5 millardos.
Ambos casos son muy preocupantes pues constituyen contingencias financieras que, si las cosas salen mal, podrían ocasionar una crisis de impago del estado de Guatemala y echar por tierra su récord crediticio internacional, que es uno de los más respetables de Latinoamérica. Pero quizá aún más grave es el hecho de que tanto la deuda flotante como la deuda municipal han sido contraídas de manera irresponsable e ilegítima, cuando no abiertamente ilegal.
El caso de la deuda flotante es resultado de la ejecución de obras públicas que fueron comisionadas sin haber estado previamente presupuestadas; es decir, que surgieron sobre la marcha y con la decisión de algún funcionario que consideró irrelevante cumplir con el molesto requisito de solicitar al Congreso que modificara el presupuesto que, quiérase o no, es una ley de la República que establece límites y orienta el gasto público, precisamente, para evitar desórdenes que puedan acarrear consecuencias negativas para el país.
Como resultado, ahora nadie sabe a cuánto asciende esta deuda no documentada que se supone ha sido contraída principalmente por el Ministerio de Comunicaciones, aunque se sospecha que también han incurrido en esta práctica anómala otros ministerios, fondos sociales y municipalidades. Las estimaciones más conservadoras reportan que esta deuda ascendería a Q3 millardos (según la cifra que han manejado públicamente los contratistas privados que son los acreedores de la deuda), mientras que otras estimaciones hablan de cifras tan escandalosas como Q15 millardos.
Dos puntualizaciones son importantes. Por un lado, hay que tener presente que la irresponsabilidad de mandar a construir obras sin contar con el correspondiente respaldo presupuestario no es exclusiva de algunos funcionarios del actual gobierno, sino que es una práctica perversa que se inició en gobiernos anteriores y que se volvió tan común que ya nadie reparaba en su ilegitimidad.
Por otro lado, y relacionado con esta indolencia en el cumplimiento de las normas, hay que mencionar que las empresas constructoras que a lo largo de los años han aceptado operar de esa manera informal y poco seria son, también, responsables de la bola de nieve financiera que se ha formado durante años. La perversidad de esta práctica se manifiesta también en que, por tratarse de obras improvisadas y sin presupuestar, se propicia que no se fiscalice si las mismas cumplen con los estándares mínimos, según lo atestigua la inadmisiblemente corta vida útil de muchas de ellas.
Es esencial que se castigue implacablemente a los funcionarios irresponsables que han llevado la situación al terrible extremo en que se encuentra hoy en día
En el caso de la deuda municipal resulta que los técnicos de la Asociación Nacional de Municipalidades están pidiéndole al Congreso que apruebe modificaciones al Código Municipal para ampliar el plazo al que pueden endeudarse las comunas, que según la ley actual no debe exceder del período para el cual fue electo el alcalde. Algunos de ellos se atrevieron a anunciar que, en caso de no aprobarse su solicitud, el Estado de Guatemala tendría que hacerse cargo de las deudas municipales.
Olvidan estos técnicos que, en primer lugar, casi ninguna de las deudas municipales ha cumplido con el mandato constitucional (artículo 171) que establece que cualquier entidad estatal (incluyendo las municipalidades) que quiera contraer deudas, deberá contar con la aprobación previa del Congreso. Cualquier municipalidad que se haya endeudado sin cumplir con este requisito incurrió en ilegalidad.
Es esencial, dada la gravedad de la situación, y tal como el propio Fondo Monetario Internacional se lo recomendó al gobierno, que se establezcan sanciones legales más fuertes, que se implementen controles administrativos más estrictos, y que se castigue implacablemente a los funcionarios irresponsables que han llevado la situación al terrible extremo en que se encuentra hoy en día.
