La ignorancia sobre los conflictos de interés permite que se perpetúen prácticas dañinas en todos los niveles de la sociedad guatemalteca, desde funcionarios públicos que se benefician de contratos estatales hasta empresas privadas que mezclan intereses personales y profesionales. Estas situaciones, cuando derivan en perjuicio económico, constituyen fraude. La solución exige un cambio cultural y educativo profundo, basado en la ética y en una formación sólida en gobierno corporativo, tanto para servidores públicos como para directivos del sector privado.