CONFLICTO DE INTERÉS
15/febrero/2010
LOS CONFLICTOS DE INTERÉS SON UNA FORMA DE FRAUDE ENCUBIERTO
Si es cierto que toda maldad tiene su raíz en la ignorancia, como sostenía Sócrates, entonces nadie se comporta mal premeditadamente. Eso explicaría –y exculparía- a una ex-candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien decía no ver nada de malo con el hecho de ser dueña de una empresa contratista del Estado y, al mismo tiempo, ser miembro de la más alta magistratura de la nación. Lamentablemente el caso de esta señora se repite incesantemente en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca, donde prevalece la más absoluta ignorancia respecto de qué significan y qué consecuencias tienen los conflictos de interés que surgen entre las personas y las organizaciones para las que trabajan.
Un conflicto de interés emerge cuando una persona desempeña actividades (como empleado o representante) en nombre de otra persona (individual o jurídica) y tiene, o aparenta tener, un sesgo oculto o interés personal en esas actividades, y su sesgo o interés personal perjudica real o potencialmente a la persona representada sin que ésta haya sido advertida de ello. Un conflicto de interés que se traduce en perjuicios económicos o financieros es, ni más ni menos, un fraude. Los conflictos de interés se dan tanto en el ámbito público como en el privado y en ambos, cuando ocurren, pueden ocasionar pérdidas económicas sustanciales para el Estado o para la empresa privada, respectivamente.
En el sector público convendría denunciar y explicitar los conflictos de interés, pues los funcionarios no deberían aprovecharse de su puesto para obtener beneficios personales. La imparcialidad y la transparencia administrativas son fundamentales para mantener la integridad del sector público, cuyas actividades son pagadas con dinero de los contribuyentes, quienes deberían exigir absoluta probidad de los servidores públicos. Estos, a su vez, no sólo tienen que ser honestos, sino que también deben parecerlo a fin de mantener elevada la moral tributaria. Si existiera conciencia de ello, resultaría impensable, inadmisible e intolerable que un diputado al Congreso fuese también socio de una empresa contratista de obra pública, o que la esposa de un alcalde fuera directiva de una ONG que administra fondos municipales, o que un ministro de energía sea contratado por una empresa petrolera inmediatamente después de dejar el cargo. Los conflictos de interés son, en estos casos, evidentes y los riesgos de fraude, enormes.
No basta con ser honesto: en la función pública, también hay que parecerlo
En el mundo globalizado los conflictos de interés son también cada vez más comunes en el ámbito privado y civil. Es sorprendente que muchas personas no vean conflicto de interés cuando un miembro de una junta directiva es (o se postula para ser) gerente de la misma organización, o cuando una compañía farmacéutica le paga un lujoso viaje “de capacitación” al médico que debe dictaminar sobre la compra de un medicamento, o cuando una ONG contrata los servicios de una empresa propiedad de uno de sus directivos o de un familiar de éste. En todos estos casos, más comunes en nuestro medio de lo que se reconoce, el peligro de pérdida económica para la organización de que se trate es también evidente.
Ojalá Sócrates tuviera razón y estas malas prácticas se eliminaran incorporando a la formación profesional un mayor énfasis en inculcar una cultura de ética y prácticas modernas de gobierno corporativo a los futuros gerentes de empresas y administradores de la cosa pública.
