URGENCIA, PRUDENCIA Y ESPERANZA
En un contexto de urgencia y desconfianza institucional, el grupo G40 de economistas propone un conjunto de reformas fiscales responsables y técnicas para sanear las finanzas públicas de Guatemala. Basadas en estudios previos del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, estas medidas buscan mejorar los ingresos, garantizar un gasto público de calidad y combatir la corrupción, evitando respuestas precipitadas que agraven la situación económica.
UN CONSEJO PARA LA POLÍTICA FISCAL
La precaria situación de las finanzas públicas en Guatemala exige la creación de un Consejo Fiscal independiente que supervise, evalúe y recomiende políticas para asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal. Siguiendo el modelo de países como Suecia, Canadá y Gran Bretaña, un organismo técnico y autónomo podría fortalecer la transparencia y proteger la estabilidad económica frente a riesgos políticos y fiscales crecientes.
CONFLICTO DE INTERÉS
La ignorancia sobre los conflictos de interés permite que se perpetúen prácticas dañinas en todos los niveles de la sociedad guatemalteca, desde funcionarios públicos que se benefician de contratos estatales hasta empresas privadas que mezclan intereses personales y profesionales. Estas situaciones, cuando derivan en perjuicio económico, constituyen fraude. La solución exige un cambio cultural y educativo profundo, basado en la ética y en una formación sólida en gobierno corporativo, tanto para servidores públicos como para directivos del sector privado.
ORFANDAD ESTADÍSTICA
La reducción del presupuesto del INE podría afectar la calidad y cobertura de encuestas clave, debilitando la capacidad del gobierno para diseñar políticas públicas eficientes. Es esencial fortalecer el sistema estadístico nacional, garantizar su autonomía y evitar interferencias políticas que distorsionen los datos oficiales.
CORRUPCIÓN Y SUBDESARROLLO
El escándalo financiero en el Congreso resalta la fragilidad de las instituciones públicas en Guatemala y la necesidad urgente de combatir la corrupción. Para lograrlo, se requiere fortalecer la Contraloría de Cuentas, impulsar reformas institucionales y fomentar la participación ciudadana en la fiscalización del gasto público. La educación en ética y transparencia, junto con el acceso a la información, son herramientas clave para crear una sociedad más vigilante y responsable. La combinación de presión social y reforma estructural es la única vacuna efectiva contra la corrupción.