POBREZA, EQUIDAD Y EDUCACIÓN
08/febrero/2010
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA EDUCACIÓN SON CLAVES PARA SUPERAR LA POBREZA
El objetivo último de la política económica es alcanzar de manera eficiente el mayor bienestar posible para la sociedad. En un país como Guatemala el logro de dicho bienestar pasa, necesariamente, por el logro de mayores tasas de crecimiento económico. El aumento en la producción se convierte, entonces, en el objetivo central de la política económica, lo cual no significa que no deban perseguirse simultáneamente otros objetivos importantes, como el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica o una más equitativa distribución de la riqueza.
Si el principal objetivo de la política económica es, pues, el crecimiento, entonces las políticas específicas (como la fiscal, la monetaria o la comercial) deben perseguir ese mismo objetivo. La cuestión relevante es de qué forma puede cada una de esas políticas contribuir a dicho objetivo. Por ejemplo, la mejor forma en que la política monetaria puede contribuir al crecimiento económico es mediante la preservación del poder de compra de la moneda. Por ende, es necesario mantener la inflación bajo control pues ésta distorsiona los precios relativos, crea incertidumbre y perjudica a los ahorrante (a favor de los prestatarios), lo que desincentiva el ahorro, afectando la inversión y el crecimiento.
La pobreza es un fenómeno complejo, originado por múltiples causas, cuya naturaleza y manifestaciones cambian permanentemente en el tiempo. Por lo tanto, su combate requiere que se implemente un esquema de políticas que, a su vez, sea multifacético y flexible, basado en la construcción de consensos nacionales en torno a prioridades sociales que impliquen la participación y el compromiso de todos los actores involucrados. Si bien no hay recetas predefinidas para una política de combate a la pobreza, algunas experiencias exitosas en el continente americano permiten afirmar que tal política debe incluir, al menos, medidas que estimulen un crecimiento rápido y sostenible, así como una mayor inversión social en educación (especialmente en la de los más pobres) y en salud (incluyendo en nutrición infantil).
Algunos estudios sostienen que existe una relación de doble causalidad entre la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Esta relación explicaría en buena parte la paradoja que surge al ver que, pese a los esfuerzos de reforma estructural, la reducción de la pobreza y de la desigualdad tarda mucho en llegar. El problema parece radicar en que las políticas tradicionales de ajuste y de reforma estructural no han concedido a la distribución de los activos la importancia que merece como determinante de la pobreza.
Lo anterior implica la necesidad de que, adicionalmente a las medidas tradicionales de reforma estructural, se apliquen otras medidas encaminadas a dotar a los pobres de mayor acceso a las posibilidades de desarrollo personal, incluyendo mejores derechos de propiedad, acceso al crédito y, sobre todo, acceso a una buena educación. La falta de una adecuada educación podría ser el factor más importante que permite la persistencia de la desigualdad y del aumento de la pobreza en las nuevas generaciones. Por eso llora sangre que dentro del propio gremio magisterial estén quienes, jugando a politiqueros tercermundistas, se oponen al progreso y a la reforma educativas.
La pobreza no se combate solo con reformas estructurales, sino dotando a los más vulnerables de acceso real a educación, propiedad y crédito
