
REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Sobre la necesidad de priorizar políticas públicas para el desarrollo y bienestar, en cinco áreas clave: combate a la pobreza y desnutrición mediante medidas estructurales y no asistencialistas; mejora de servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad e infraestructura); impulso a la productividad mediante un marco legal estable; gobiernos transparentes y eficientes mediante reformas institucionales; y, una política de apertura económica frente a tendencias globales proteccionistas.

BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024
En 2023, Guatemala mantuvo estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB del 3.3%, baja deuda pública, déficit fiscal, y un tipo de cambio estable, pese a una inflación del 3.5% y la incertidumbre electoral. Las exportaciones e importaciones cayeron por la desaceleración global, pero se espera una recuperación en 2024. Los retos incluyen mantener esta estabilidad, mejorar el clima de negocios, fortalecer instituciones y servicios públicos, y atraer inversiones mediante certeza jurídica y un entorno político estable.

NI UBIQUISMO NI LUQUISMO
La historia de Guatemala ofrece ejemplos extremos en la conducción económica: la austeridad asfixiante de Ubico frente al gasto caótico de Lucas. Ambos modelos demostraron ser inviables frente a los desafíos reales del desarrollo. En la actual coyuntura post-crisis, ni el recorte fiscal radical ni el endeudamiento excesivo ofrecen una salida sostenible. Lo que el país necesita es una combinación de responsabilidad macroeconómica y justicia social: una reforma tributaria profunda que incremente los ingresos del Estado sin frenar la inversión privada, acompañada de un gasto público eficiente y transparente. La clave está en evitar los atajos ideológicos y apostar por consensos duraderos que impulsen el crecimiento inclusivo.

POBREZA, EQUIDAD Y EDUCACIÓN
El crecimiento económico es el eje principal para alcanzar el bienestar social en Guatemala, pero debe ir acompañado de políticas fiscales, monetarias y sociales coherentes y orientadas al desarrollo. La lucha contra la pobreza exige una estrategia integral que priorice la inversión en salud y educación de calidad, especialmente para los más pobres. Además, es fundamental ampliar el acceso a activos, derechos de propiedad y financiamiento. La educación se plantea como el factor decisivo para romper el ciclo de pobreza y desigualdad, por lo que resulta alarmante que existan sectores que obstaculicen su reforma por intereses políticos.