INCERTIDUMBRE SOBRE EL PRESUPUESTO
El presupuesto estatal es clave para establecer prioridades de política pública y garantizar un uso transparente de los recursos. Sin su aprobación, se generarían efectos negativos como la pérdida de certeza jurídica, opacidad en el gasto, debilitamiento institucional y afectación a la economía. Aunque el dictamen legislativo contiene mejoras, aún quedan vicios que deben corregirse. La responsabilidad recae tanto en el oficialismo como en la oposición, que deben actuar con sensatez para evitar mayores daños al país.
CERTEZA JURÍDICA Y GOBERNABILIDAD
Las debilidades estructurales del Estado guatemalteco —falta de DPI y pasaportes, carreteras intransitables, inversiones paralizadas, justicia ineficiente— impiden el crecimiento económico y perpetúan la pobreza. La lucha contra la corrupción, aunque necesaria, es insuficiente sin una transformación institucional profunda que devuelva certeza jurídica y gobernabilidad. Se plantea una agenda mínima de cinco reformas clave: sistema electoral, justicia, servicio civil, compras públicas y consultas comunitarias. Un acuerdo nacional que las impulse es urgente para evitar que Guatemala se convierta en un Estado fallido.
¿POR QUÉ GUATEMALA TIENE BAJAS CALIFICACIONES?
Pese a ciertas fortalezas macroeconómicas, Guatemala sigue obteniendo bajas calificaciones en los rankings de desarrollo por la debilidad de sus instituciones públicas, la corrupción, la baja recaudación tributaria y la ausencia de políticas sostenidas. Un estudio de S&P reafirma la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema político, fiscal e institucional del país.
PEQUEÑAS GRANDES DECISIONES
La elección del nuevo Superintendente de Administración Tributaria será determinante para el éxito de la reciente reforma fiscal y para el fortalecimiento institucional del país. Esta decisión, aunque parezca técnica, refleja el estilo de gobierno y la visión del presidente sobre el desarrollo. Una SAT fuerte, autónoma y profesional puede mejorar la recaudación sin necesidad de constantes reformas, legitimando la función estatal. El candidato ideal debe ser un experto con integridad, independencia y liderazgo, capaz de gestionar con eficiencia y navegar con inteligencia política. Esta designación pondrá a prueba el compromiso del gobierno con la construcción de instituciones sólidas.
EL ENEMIGO SUTIL
Más allá de los retos evidentes como la pobreza o la inseguridad, el combate a la corrupción representa un desafío igual de urgente para Guatemala. Aunque menos costoso, su impacto es transversal y profundo, afectando al sistema político, la eficiencia estatal y la confianza ciudadana. La corrupción está normalizada y tolerada socialmente, y su financiamiento muchas veces alimenta un sistema electoral disfuncional. El fortalecimiento de instituciones como la Contraloría General de Cuentas y el impulso de la fiscalización ciudadana son pasos clave, pero requieren una voluntad política que difícilmente surgirá sin presión social sostenida. Rescatar el valor de lo público es esencial para revertir la corrosión institucional que impide el desarrollo.