PELIGROSA ECUACIÓN
La incapacidad del Estado para proveer servicios esenciales refleja una ausencia que erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia. A esto se suma el creciente desencanto social frente a la corrupción y la mala gestión, agravado por la pandemia. Cuando a estos factores se añade un detonante puntual —como en Chile o Guatemala en 2020— surge el riesgo de un estallido social que favorece el ascenso de movimientos populistas radicales. Aunque inicialmente atractivos, estos generan incertidumbre, deterioro económico y pérdida de paz social. Evitarlo exige rescatar y fortalecer las instituciones fundamentales del Estado, única garantía de estabilidad y desarrollo.
CRISIS Y DESCONTENTO
La recesión causada por la pandemia dejó secuelas en ingresos, empleo y producción, creando un ambiente de insatisfacción social. Si no se responde con políticas públicas eficaces, el descontento puede escalar hacia protestas e ingobernabilidad, como ya ocurre en Guatemala. Estudios muestran que los disturbios sociales reducen el PIB y golpean con más fuerza a países con instituciones débiles. Decisiones políticas polémicas, como la destitución del jefe de la FECI, en un contexto de crisis sanitaria y desconfianza ciudadana, solo aumentan la tensión. La salida exige prudencia, diálogo y políticas que generen empleo, transparencia y confianza en las instituciones.
¡LA VACUNA!
El anuncio de vacunas eficaces contra el covid-19 abre la posibilidad de superar la pandemia en 2021, pero Guatemala enfrenta grandes desafíos para garantizar inmunización masiva. La prioridad del Estado debe ser destinar recursos financieros —alrededor de Q1500 millones— y capacidades logísticas suficientes para cubrir al 40% de la población, requisito para alcanzar la inmunidad de grupo. Esta estrategia no solo salvaría vidas, sino que también brindaría certidumbre económica y política, al devolver confianza a la inversión y a la sociedad. Sin embargo, la corrupción y la resistencia de ciertos funcionarios dificultan que la vacunación sea asumida como prioridad absoluta.
INCERTIDUMBRE SOBRE EL PRESUPUESTO
El presupuesto estatal es clave para establecer prioridades de política pública y garantizar un uso transparente de los recursos. Sin su aprobación, se generarían efectos negativos como la pérdida de certeza jurídica, opacidad en el gasto, debilitamiento institucional y afectación a la economía. Aunque el dictamen legislativo contiene mejoras, aún quedan vicios que deben corregirse. La responsabilidad recae tanto en el oficialismo como en la oposición, que deben actuar con sensatez para evitar mayores daños al país.
CERTEZA JURÍDICA Y GOBERNABILIDAD
Las debilidades estructurales del Estado guatemalteco —falta de DPI y pasaportes, carreteras intransitables, inversiones paralizadas, justicia ineficiente— impiden el crecimiento económico y perpetúan la pobreza. La lucha contra la corrupción, aunque necesaria, es insuficiente sin una transformación institucional profunda que devuelva certeza jurídica y gobernabilidad. Se plantea una agenda mínima de cinco reformas clave: sistema electoral, justicia, servicio civil, compras públicas y consultas comunitarias. Un acuerdo nacional que las impulse es urgente para evitar que Guatemala se convierta en un Estado fallido.
¿POR QUÉ GUATEMALA TIENE BAJAS CALIFICACIONES?
Pese a ciertas fortalezas macroeconómicas, Guatemala sigue obteniendo bajas calificaciones en los rankings de desarrollo por la debilidad de sus instituciones públicas, la corrupción, la baja recaudación tributaria y la ausencia de políticas sostenidas. Un estudio de S&P reafirma la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema político, fiscal e institucional del país.
PEQUEÑAS GRANDES DECISIONES
La elección del nuevo Superintendente de Administración Tributaria será determinante para el éxito de la reciente reforma fiscal y para el fortalecimiento institucional del país. Esta decisión, aunque parezca técnica, refleja el estilo de gobierno y la visión del presidente sobre el desarrollo. Una SAT fuerte, autónoma y profesional puede mejorar la recaudación sin necesidad de constantes reformas, legitimando la función estatal. El candidato ideal debe ser un experto con integridad, independencia y liderazgo, capaz de gestionar con eficiencia y navegar con inteligencia política. Esta designación pondrá a prueba el compromiso del gobierno con la construcción de instituciones sólidas.
EL ENEMIGO SUTIL
Más allá de los retos evidentes como la pobreza o la inseguridad, el combate a la corrupción representa un desafío igual de urgente para Guatemala. Aunque menos costoso, su impacto es transversal y profundo, afectando al sistema político, la eficiencia estatal y la confianza ciudadana. La corrupción está normalizada y tolerada socialmente, y su financiamiento muchas veces alimenta un sistema electoral disfuncional. El fortalecimiento de instituciones como la Contraloría General de Cuentas y el impulso de la fiscalización ciudadana son pasos clave, pero requieren una voluntad política que difícilmente surgirá sin presión social sostenida. Rescatar el valor de lo público es esencial para revertir la corrosión institucional que impide el desarrollo.