UNA MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
El Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial muestra que Guatemala subió ocho puestos respecto al año anterior, situándose en la posición 78 de 144 países. El país sobresale en flexibilidad laboral, prácticas empresariales y acceso financiero, pero enfrenta serias debilidades en seguridad, calidad educativa, corrupción y bajo ahorro interno. El contraste entre fortalezas macroeconómicas y fallas institucionales refleja los desafíos estructurales del desarrollo.
INSEGURIDAD, UN ENFOQUE ECONÓMICO
En el Congreso Nacional de Seguridad se analizó la inseguridad como un obstáculo económico, con base en estudios que estiman su costo en un 7.3% del PIB de Guatemala. Desde la teoría de Gary Becker, el crimen es una elección racional: se comete si los beneficios superan los costos esperados. Por ello, la estrategia debe centrarse en aumentar la probabilidad de captura y aplicar castigos proporcionales. Invertir en seguridad, especialmente en prevención, es una decisión económicamente rentable si se hace de forma coordinada entre Estado, empresas y comunidades.
DE CARA AL TERCER AÑO
El tercer año de gobierno es crucial para definir una política económica con visión de Estado que trascienda intereses de corto plazo. Guatemala enfrenta un crecimiento económico lento, por lo que la perseverancia y la disciplina en la administración pública son indispensables. Priorizar la seguridad, la estabilidad macroeconómica, la calidad del capital humano, la infraestructura, la simplificación tributaria y la lucha contra la corrupción permitirá crear un ambiente propicio para el desarrollo sostenido. Solo a través del enfoque en estas seis áreas clave se podrá construir un legado económico sólido y duradero que beneficie a la nación.
¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA?
La lucha contra la inseguridad en Guatemala enfrenta constantes obstáculos debido a la corrupción, la falta de continuidad en las políticas y la pérdida de valores en la sociedad. La solución debe partir del cumplimiento del marco legal vigente y la aplicación de estrategias probadas en otras ciudades como Bogotá y Sao Paulo, que han reducido la criminalidad mediante programas sostenidos de seguridad ciudadana, modernización policial y participación comunitaria. Es urgente que el Consejo Nacional de Seguridad funcione conforme a su mandato y que se prioricen reformas legislativas para fortalecer la seguridad en lugar de espectáculos políticos en el Congreso.