LA AUSENCIA DEL ESTADO Y SUS CONSECUENCIAS
La ausencia del Estado en regiones como el Valle del Polochic, Ixil, la costa Sur-Occidental y el norte de Petén ha permitido que el crimen organizado ejerza control, afectando la seguridad, la gobernanza y el progreso económico. El Estado debe garantizar bienes públicos esenciales como seguridad, justicia, participación política, educación, salud e infraestructura, pero su incapacidad para hacerlo refleja su fragilidad. Según el Índice de Estados Frágiles 2019, Guatemala se encuentra en “alerta elevada”, lo que evidencia debilidades sociales, políticas y económicas significativas. El incidente reciente en El Estor evidencia la urgencia de reformas institucionales que recuperen la capacidad estatal de proveer servicios y seguridad de calidad en todo el territorio, esenciales para proteger a los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible del país.
ESTADOS UNIDOS-GUATEMALA: LAS PRIORIDADES
La visita de Mike Pence a Guatemala insistió en que la migración ilegal se debe a la falta de empleo, la inseguridad y la debilidad institucional. Estados Unidos exige avances en estas áreas como condición para mantener apoyo, mientras las sanciones individuales y la presión diplomática se convierten en sus principales herramientas de persuasión.
INTERESES COMUNES
La posición geográfica de Guatemala y su debilidad institucional la han colocado en el radar estratégico de Estados Unidos. La declaración del nominado embajador Luis Arreaga reafirma que la seguridad, la gobernanza y la prosperidad son los pilares de la política estadounidense hacia el país. Esta agenda coincide en gran parte con las reformas que Guatemala necesita, pero que no ha sabido o querido ejecutar por falta de visión política. Integrar los intereses comunes con dignidad y estrategia puede abrir una ventana para impulsar los cambios estructurales que el país requiere.
UNA MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
El Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial muestra que Guatemala subió ocho puestos respecto al año anterior, situándose en la posición 78 de 144 países. El país sobresale en flexibilidad laboral, prácticas empresariales y acceso financiero, pero enfrenta serias debilidades en seguridad, calidad educativa, corrupción y bajo ahorro interno. El contraste entre fortalezas macroeconómicas y fallas institucionales refleja los desafíos estructurales del desarrollo.
INSEGURIDAD, UN ENFOQUE ECONÓMICO
En el Congreso Nacional de Seguridad se analizó la inseguridad como un obstáculo económico, con base en estudios que estiman su costo en un 7.3% del PIB de Guatemala. Desde la teoría de Gary Becker, el crimen es una elección racional: se comete si los beneficios superan los costos esperados. Por ello, la estrategia debe centrarse en aumentar la probabilidad de captura y aplicar castigos proporcionales. Invertir en seguridad, especialmente en prevención, es una decisión económicamente rentable si se hace de forma coordinada entre Estado, empresas y comunidades.
DE CARA AL TERCER AÑO
El tercer año de gobierno es crucial para definir una política económica con visión de Estado que trascienda intereses de corto plazo. Guatemala enfrenta un crecimiento económico lento, por lo que la perseverancia y la disciplina en la administración pública son indispensables. Priorizar la seguridad, la estabilidad macroeconómica, la calidad del capital humano, la infraestructura, la simplificación tributaria y la lucha contra la corrupción permitirá crear un ambiente propicio para el desarrollo sostenido. Solo a través del enfoque en estas seis áreas clave se podrá construir un legado económico sólido y duradero que beneficie a la nación.
¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA?
La lucha contra la inseguridad en Guatemala enfrenta constantes obstáculos debido a la corrupción, la falta de continuidad en las políticas y la pérdida de valores en la sociedad. La solución debe partir del cumplimiento del marco legal vigente y la aplicación de estrategias probadas en otras ciudades como Bogotá y Sao Paulo, que han reducido la criminalidad mediante programas sostenidos de seguridad ciudadana, modernización policial y participación comunitaria. Es urgente que el Consejo Nacional de Seguridad funcione conforme a su mandato y que se prioricen reformas legislativas para fortalecer la seguridad en lugar de espectáculos políticos en el Congreso.