UNA MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
08/septiembre/2014
GUATEMALA AVANZA EN COMPETITIVIDAD PERO SIGUE REZAGADA EN SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA
Siempre es interesante (y muchas veces, si se sacan las lecciones adecuadas, hasta es útil) ver cómo nos comparamos con otros países. Recientemente fue publicado el Informe de Competitividad Global 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial –WEF, por sus siglas en inglés-, con sede en Ginebra, Suiza. Este índice puede ser una buena base para el análisis comparativo entre países (en esta última edición se evaluaron 144 países) acerca de los factores que inciden en su crecimiento económico y en mejorar los ingresos de sus habitantes, y pretende medir la competitividad entre países e identificar aquellos factores que ayudan a explicar las diferencias en la evolución del ingreso per cápita.
Para elaborar dicho índice, el WEF toma en consideración un conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un país. Para el efecto evalúa 119 variables, obtenidas tanto a partir de datos de una encuesta ejecutiva realizada a una amplia muestra de empresas, así como a partir de información estadística disponible al público. Dichas variables se agrupan en temas tales como el de las instituciones (incluyendo la infraestructura y políticas básicas para la competitividad); los potenciadores de la eficiencia (base, mercados y políticas laborales y financieras); y los factores de innovación (marco para el desarrollo de tecnologías, patentes, investigación y desarrollo).
El país destaca en flexibilidad laboral y acceso financiero, pero falla gravemente en calidad educativa y seguridad ciudadana
En el más reciente índice, el país mejor calificado (de los 144 evaluados) fue Suiza (con un puntaje de 5.7), seguido de Singapur, Estados Unidos, Finlandia y Alemania. En Latinoamérica, el país mejor calificado es Chile, que ocupa el puesto 33 del ranking (con 4.6 puntos), seguido de Panamá, que ocupa el puesto 48 del ranking (4.43 puntos), y de Costa Rica (puesto 51, 4.42. Guatemala, por su parte, ocupa el lugar 78 del ranking global (4.1 puntos), lo que implica una mejora de 8 puestos en el ranking (en el índice de 2013 Guatemala ocupó el puesto 86). En la Región, solamente El Salvador (que pasó del puesto 97 al 84) y Honduras (del 111 al 100) avanzaron más rápidamente en el índice.
Para sacar conclusiones útiles, es conveniente ver en qué componentes del índice es en los que Guatemala obtiene las mejores y las peores calificaciones. Las áreas con mejor calificación tienen que ver, primero, con el mercado laboral (donde destaca la flexibilidad para determinar salarios, la cooperación obrero-patronal, y las posibilidades de capacitación técnica de los trabajadores); segundo, con las prácticas de gestión de los negocios (grado de orientación hacia el consumidor, prácticas de contratación, eficiencia de las juntas corporativas); tercero, con el ambiente macro-financiero (baja deuda pública, acceso a servicios financieros); y, cuarto, con el desarrollo del mercado de telecomunicaciones.
En contraposición, las áreas peor calificadas se relacionan, primero, con el clima de seguridad (criminalidad, costos empresariales asociados a la violencia, confianza en la policía); segundo, con la transparencia (nivel de confianza en los políticos, eficiencia del gasto público, corrupción); tercero, con la calidad del sistema educativo (educación primaria y enseñanza de ciencias y matemáticas); y cuarto, con el bajo nivel de ahorro nacional (que, a su vez, repercute en un bajo nivel de infraestructura productiva).
Sin dejar de tener conciencia que, en gran medida, la construcción de este índice se basa en las encuestas –que por diseño son subjetivas- a una muestra de empresarios, de los datos anteriores podrían extraerse algunas lecciones. Por ejemplo, que el marco legal e institucional prevaleciente en materia de relaciones obrero-patronales se percibe adecuado y que debería velarse por mantenerlo y apuntalarlo. Lo mismo puede decirse de las políticas macro-financieras, así como del sector de las telecomunicaciones.
Por otro lado, las políticas que ameritan mejoras más profundas (o al menos que sean percibidas más favorablemente en términos de competitividad) son las relacionadas con las instituciones de seguridad y justicia, así como con el adecuado uso de los recursos del erario público. Y, como siempre, la calidad del capital humano y de la infraestructura pública aparecen como prioridades dentro de una eventual agenda de políticas públicas.
