EL PRECIO DE LAS “BUENAS INTENCIONES”
La iniciativa 6614 busca proteger a los deudores frente a prácticas abusivas, pero recurre a instrumentos que pueden producir el efecto contrario. Fijar por ley un precio máximo al crédito no elimina el riesgo: puede restringir la oferta, excluir a los prestatarios más vulnerables y estimular el financiamiento informal. El Estado debe sancionar el hostigamiento y los cobros ilegales, pero mediante reglas claras y mecanismos eficaces, no sustituyendo arbitrariamente las señales del mercado. Regular bien exige bisturí, no machete.
INCLUSIÓN FINANCIERA
El acceso a servicios financieros sigue siendo un privilegio para muchos en Guatemala, especialmente en las zonas rurales, donde el 68% de los adultos carece de productos de ahorro o crédito. La falta de documentos, títulos de propiedad o conocimientos financieros limita la capacidad de los más pobres para invertir, producir y enfrentar riesgos. Aunque las microfinanzas han ampliado la cobertura en las últimas dos décadas, la demanda insatisfecha sigue siendo alta. Es fundamental crear un marco regulatorio que fortalezca a las entidades de microcrédito y cooperativas, fomente la formalización, y mantenga la flexibilidad e inmediatez que hoy ofrecen los servicios informales. Solo así se podrá cerrar la brecha financiera que impide el crecimiento económico de miles de guatemaltecos.
ACCESO AL CRÉDITO: UN PASO ADELANTE
La Ley de Garantías Mobiliarias permitirá a las pequeñas y medianas empresas acceder a financiamiento mediante el uso de bienes muebles como garantía, facilitando el desarrollo económico y modernizando el sistema financiero de Guatemala.