INCLUSIÓN FINANCIERA
12/abril/2010
LA EXCLUSIÓN FINANCIERA FRENA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES Y LAS COMUNIDADES RURALES
El acceso al crédito y al ahorro contribuye a reducir la pobreza cuando se usa efectivamente en actividades que generan ingresos o disminuyen riesgos. Esa inclusión financiera resulta crucial para habilitar a las mipymes para que se incorporen a la dinámica económica nacional. La literatura sobre microfinanzas subraya cómo las imperfecciones del mercado financiero impiden a los pobres obtener préstamos garantizados con sus ingresos futuros, por lo que no pueden invertir ni crecer económicamente. De allí la importancia de mejorar el acceso a las microfinanzas, especialmente en el área rural. En los últimos veinte años las microfinanzas han impulsado una expansión de los servicios financieros hacia los más pobres. Sin embargo, la demanda insatisfecha de servicios financieros es todavía enorme: algunos estudios estiman que el 68% de los adultos guatemaltecos están excluidos de tales servicios. Tal exclusión financiera inhibe a los más pobres en su habilidad de construir patrimonio, incrementar sus ingresos y administrar la incertidumbre asociada a sus actividades económicas.
La falta de acceso al crédito se debe, entre otras causas, a que los interesados (especialmente en el caso de las mujeres y los campesinos) no cuentan con documentos de identidad personal, no tienen títulos de propiedad que respalden el financiamiento o no poseen información adecuada sobre el manejo de créditos, por lo que muchos ni siquiera se atreven a solicitarlos. La oferta de servicios financieros, por su parte, es limitada en el área rural debido a factores tales como la débil infraestructura institucional, el tamaño de los mercados locales que no pueden soportar los costos fijos relacionados con las tecnologías bancarias, o las limitaciones que impone la normativa jurídica que limita el desarrollo lícito de formas alternativas de acceso al crédito. La Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI- revela que los pobres del área rural del país recurren a préstamos para financiar sus actividades agrícolas y, en ocasiones, para suavizar su consumo (para atender emergencias o gastos médicos). Estos servicios pueden ser informales o formales. Los primeros tienen mayor flexibilidad e inmediatez, pero carecen de la confiabilidad, seguridad y mejor precio que normalmente ofrecen los servicios financieros formales. Por lo tanto, un reto crucial para las políticas públicas es promover el acceso a servicios financieros formales que sean tan flexibles e inmediatos como las herramientas informales, pero que sean también confiables, seguros y baratos.
Un reto crucial para las políticas públicas es promover servicios financieros formales tan flexibles como los informales, pero confiables, seguros y accesibles
La inclusión financiera puede favorecerse creando un ambiente regulatorio propicio al desarrollo de las entidades proveedoras de servicios financieros. En tal sentido, conviene retomar el esfuerzo de promulgar un marco legal que permita dar certeza jurídica a la operación de las entidades de micro-crédito, las instituciones de micro-finanzas y las cooperativas de ahorro y crédito. Las regulaciones deberían incluir normas relativas al conocimiento de los clientes y al combate del lavado de activos o de la comisión de otros fraudes y delitos; también deberían velar por aspectos operativos tales como la existencia de guías para mejorar la solidez patrimonial de las entidades financieras. El objetivo sería crear un marco jurídico que permita a las entidades extender sus servicios financieros formales a los pobres, sin descuidar los niveles de riesgo de tales operaciones. Aunque grandes sectores de la población aún están excluidos del acceso a servicios básicos de ahorro y crédito, la creciente competencia y sofisticación en la gama de productos disponibles está cambiando el panorama de las microfinanzas, por lo que se requiere de políticas públicas que apoyen la maduración de esta industria mediante la acción complementaria del sector privado y del gobierno: aquél como una fuente permanente de innovación de productos y procesos, y éste en su rol de facilitador del funcionamiento y desarrollo del mercado.
