LA “AMENAZA” DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En lugar de ver a la IA como una amenaza, es más productivo verla como una oportunidad de transformación. Las personas y empresas que adopten la IA como una herramienta para mejorar su desempeño y se adapten a los cambios tecnológicos tendrán mayores ventajas en la economía del futuro.
UNA AGENDA PARA RECIBIR A MARCO RUBIO
Mi columna de hoy en Prensa Libre analiza la visita del Secretario de Estado estadounidense, con su doble significado en el contexto de la política exterior de la administración Trump y las oportunidades que representa para Guatemala. Se sugiere una agenda estratégica con cuatro ejes: seguridad y combate al crimen organizado; mecanismos integrales para la repatriación y reintegración de migrantes; políticas de incentivo a la inversión privada y la creación de empleo; y, modernización institucional para mejorar la transparencia y la gobernabilidad. Con un enfoque pragmático Guatemala no solo podrá alinearse con los intereses estadounidenses, sino reorientar su precaria agenda de políticas públicas hacia un desarrollo más ambicioso y sostenible
POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025
Esta columna analiza las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025, destacando iniciativas como leyes sobre alianzas público-privadas, cooperativas y portabilidad numérica, entre otras. Sin embargo, critica la falta de ambición y la ausencia de reformas estructurales clave (justicia, control del gasto, servicio civil) y de políticas estratégicas enfocadas en la lucha contra la desnutrición infantil y la corrupción, urgentes para el desarrollo del país.
REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Sobre la necesidad de priorizar políticas públicas para el desarrollo y bienestar, en cinco áreas clave: combate a la pobreza y desnutrición mediante medidas estructurales y no asistencialistas; mejora de servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad e infraestructura); impulso a la productividad mediante un marco legal estable; gobiernos transparentes y eficientes mediante reformas institucionales; y, una política de apertura económica frente a tendencias globales proteccionistas.
VALORES ECONÓMICOS QUE SE ESTÁN PERDIENDO
El libre comercio y la responsabilidad fiscal han sido fundamentales para garantizar el crecimiento sostenible de las economías y la prosperidad de sus ciudadanos. Hoy, el proteccionismo y el dispendio de los fondos públicos que predica (y practica) el populismo -de izquierdas y de derechas- alrededor del mundo amenaza con revertir esos logros. Es menester que los líderes y las ciudadanías recobren conciencia al respecto.
TRUMP Y NUESTRA ECONOMÍA
En estacolumna analizamos el impacto que el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la llegada de Trump, podría tener sobre la economía guatemalteca. Empezando por el flujo de remesas familiares, y pasando por el acceso a mercados para nuestras exportaciones, se prevén efectos inmediatos y potenciales de estas políticas que advierten sobre la necesidad de preparar acciones de política pública en Guatemala: atención a migrantes, fomento al empleo y a la empresarialidad, búsqueda de mercados y atracción de inversiones son los desafíos que podrían redefinir el futuro económico de nuestro país.
¿Y CUÁNTA GENTE TRABAJA AQUÍ?
La falta de transparencia y control sobre el número y condiciones de los empleados públicos en Guatemala es un obstáculo para cualquier reforma del servicio civil. Pese a que se realizó un “censo de trabajadores” en 2017-2018, este resultó inútil. Actualmente, el gasto en salarios públicos representa más del 25% del presupuesto estatal, sin un monitoreo adecuado. La solución propuesta implica implementar sistemas -como GUATENOMINAS- de acceso público, obligar a su uso en todas las entidades y exigir auditorías regulares para un control eficiente del gasto y una gestión transparente.
LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN 2025
El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo de Guatemala al Congreso refleja un incremento significativo, el mayor en 15 años, y plantea un déficit fiscal sin precedentes. A pesar de las deficiencias institucionales existentes, el gobierno muestra confianza en ejecutar un mayor gasto de manera eficiente. Aunque solo tiene disponible el 18% de sus ingresos para políticas públicas, las prioridades presupuestarias incluyen la educación, con un enfoque en salarios y relaciones sindicales, así como la infraestructura a través del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el presupuesto carece de énfasis en temas como la seguridad social y la transparencia, lo que sugiere una intención de asegurar la gobernabilidad política mediante el reparto de recursos a municipalidades y consejos de desarrollo.
REGALAR DINERO PÚBLICO: EL RECURSO FÁCIL
La columna critica la proliferación de iniciativas legislativas que, sin estudios de impacto fiscal y macroeconómico, comprometen la estabilidad económica de Guatemala. Ejemplos incluyen la condonación de deudas de empresas municipales con el INDE, la eliminación del Impuesto de Solidaridad y el aumento a las pensiones de jubilados, decisiones que aumentarían el gasto público en miles de millones de quetzales. Estas medidas, aunque populares, son insostenibles a largo plazo, generan déficit fiscal y distorsiones económicas. Se propone implementar reglas que obliguen a evaluar el impacto fiscal de las leyes para evitar decisiones impulsivas.
¿ES VIABLE LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024?
HABRÍA QUE EVITAR SEGUIR HACIENDO MÁS DE LO MISMO
BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024
En 2023, Guatemala mantuvo estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB del 3.3%, baja deuda pública, déficit fiscal, y un tipo de cambio estable, pese a una inflación del 3.5% y la incertidumbre electoral. Las exportaciones e importaciones cayeron por la desaceleración global, pero se espera una recuperación en 2024. Los retos incluyen mantener esta estabilidad, mejorar el clima de negocios, fortalecer instituciones y servicios públicos, y atraer inversiones mediante certeza jurídica y un entorno político estable.
EL TRASLADO DEL ASUETO
En comparación internacional, Guatemala no posee un número excesivo de asuetos, y trasladarlos hacia el fin de semana, como establece el Decreto 42-2010, resulta beneficioso tanto para los trabajadores como para la economía. Los descansos prolongados promueven el turismo interno, fortalecen la actividad comercial y fomentan el contacto con el patrimonio cultural. Sin embargo, la limitación del decreto al trasladar sólo el 30 de junio desaprovecha una oportunidad más amplia para estimular la economía nacional en tiempos de dificultad.
UN PAÍS CON PROPÓSITO
Panamá se consolida como un modelo de crecimiento regional gracias a un plan estratégico asumido como política de Estado, enfocado en logística, turismo y servicios financieros, respaldado por reformas fiscales responsables. A pesar de ciertos riesgos como el déficit en cuenta corriente y el sobrecalentamiento económico, su enfoque coordinado y su inversión estructural lo convierten en un referente de desarrollo para sus vecinos centroamericanos.
¿NO HAY POLÍTICAS DE LARGO PLAZO?
La ineficacia de las políticas públicas en Guatemala se debe a la falta de una formulación adecuada, una ejecución comprometida, un seguimiento riguroso y un entorno institucional sólido. Ejemplos como la Política de Desarrollo Rural o la de Seguridad Alimentaria revelan cómo incluso las mejores intenciones fracasan sin estructura ni voluntad política sostenida. El éxito no depende solo de leyes o planes, sino del trabajo constante y coordinado.
UN ESTADO MÁS FUERTE
El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010 del PNUD plantea una ambiciosa propuesta para modernizar el Estado guatemalteco con el fin de mejorar el desarrollo humano. Aunque la necesidad de un Estado fuerte es clara, el informe carece de criterios para priorizar reformas viables y sostenibles. La construcción de un Estado eficaz debe avanzar desde funciones básicas como seguridad y justicia, hacia la regulación del mercado, la provisión de bienes públicos y la promoción de la libertad individual. Esta visión busca un Estado compacto pero funcional, capaz de responder a las necesidades sociales sin caer en excesos burocráticos.
¿DÓNDE ESTÁ LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD?
La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad de 2008 ordenaba la creación de una Política Nacional de Seguridad y una Agenda Estratégica de Seguridad, pero ambas siguen sin concretarse. Un informe oficial revela años de talleres, borradores y procesos de consulta que sustituyen el cumplimiento efectivo de la ley. Esta dilación refleja un patrón de simulación institucional que ignora la urgencia de una estrategia seria para enfrentar la inseguridad en el país. Sin voluntad política ni capacidad de gestión, la seguridad nacional queda atrapada en la retórica.
OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL
En Guatemala, el área rural concentra el trabajo agropecuario pero produce una mínima parte del PIB, reflejando un círculo vicioso de pobreza e improductividad. A pesar de estudios técnicos claros, las políticas públicas y las iniciativas de ley —como la fallida 4084— ignoran los principales cuellos de botella: productividad, excedentes y participación. La falta de una institucionalidad coherente y la insistencia en leyes técnicas y políticamente inviables perpetúan el estancamiento rural.
VALE LA PENA REVIVIRLAS
La experiencia del Ministerio de Finanzas bajo Juan Alberto Fuentes muestra cómo proyectos clave, como la Mesa para la Calificación del País y el Observatorio Ciudadano del Gasto, pueden iniciar con fuerza y visión, pero luego desaparecer por falta de seguimiento y apoyo institucional. La Mesa logró mejorar la calificación internacional de Guatemala mediante coordinación público-privada y trabajo técnico sistemático, mientras que el Observatorio buscaba elevar la transparencia del gasto público. Ambas iniciativas murieron de inanición burocrática, pese a sus resultados y potencial. Rescatar estos esfuerzos sigue siendo urgente para fortalecer la institucionalidad y la confianza pública.
DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Guatemala figura entre los países con las políticas públicas más débiles de Latinoamérica, según el BID, debido a su falta de continuidad, escasa coordinación interinstitucional, ineficiencia en la implementación y una alarmante incapacidad para ejecutar leyes ya aprobadas. A diferencia de países como Chile o Uruguay, donde las políticas se adaptan y perduran, en Guatemala prevalecen los cambios abruptos, la rivalidad entre instituciones y el uso ineficiente de recursos. El informe evidencia la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad, fomentar la transparencia y profesionalizar el aparato estatal si se quiere salir del grupo de los rezagados.
HORIZONTE SOMBRÍO
Aunque Guatemala mostraba una incipiente recuperación económica tras un año de estancamiento, la inseguridad ciudadana, la falta de políticas públicas de largo plazo y el deterioro institucional amenazan con frustrarla. A esto se suman nubarrones externos como la incertidumbre financiera en Europa y sus posibles efectos en EE. UU., principal socio comercial. La criminalidad impone altos costos, especialmente a pequeños empresarios, y la ausencia de un rumbo estatal claro incrementa la incertidumbre. La debilidad institucional agrava aún más el panorama, por lo que se requiere con urgencia liderazgo para establecer un mínimo de gobernabilidad que permita consolidar el desarrollo.