
LA “AMENAZA” DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En lugar de ver a la IA como una amenaza, es más productivo verla como una oportunidad de transformación. Las personas y empresas que adopten la IA como una herramienta para mejorar su desempeño y se adapten a los cambios tecnológicos tendrán mayores ventajas en la economía del futuro.

UNA AGENDA PARA RECIBIR A MARCO RUBIO
Mi columna de hoy en Prensa Libre analiza la visita del Secretario de Estado estadounidense, con su doble significado en el contexto de la política exterior de la administración Trump y las oportunidades que representa para Guatemala. Se sugiere una agenda estratégica con cuatro ejes: seguridad y combate al crimen organizado; mecanismos integrales para la repatriación y reintegración de migrantes; políticas de incentivo a la inversión privada y la creación de empleo; y, modernización institucional para mejorar la transparencia y la gobernabilidad. Con un enfoque pragmático Guatemala no solo podrá alinearse con los intereses estadounidenses, sino reorientar su precaria agenda de políticas públicas hacia un desarrollo más ambicioso y sostenible

POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025
Esta columna analiza las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025, destacando iniciativas como leyes sobre alianzas público-privadas, cooperativas y portabilidad numérica, entre otras. Sin embargo, critica la falta de ambición y la ausencia de reformas estructurales clave (justicia, control del gasto, servicio civil) y de políticas estratégicas enfocadas en la lucha contra la desnutrición infantil y la corrupción, urgentes para el desarrollo del país.

REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Sobre la necesidad de priorizar políticas públicas para el desarrollo y bienestar, en cinco áreas clave: combate a la pobreza y desnutrición mediante medidas estructurales y no asistencialistas; mejora de servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad e infraestructura); impulso a la productividad mediante un marco legal estable; gobiernos transparentes y eficientes mediante reformas institucionales; y, una política de apertura económica frente a tendencias globales proteccionistas.

VALORES ECONÓMICOS QUE SE ESTÁN PERDIENDO
El libre comercio y la responsabilidad fiscal han sido fundamentales para garantizar el crecimiento sostenible de las economías y la prosperidad de sus ciudadanos. Hoy, el proteccionismo y el dispendio de los fondos públicos que predica (y practica) el populismo -de izquierdas y de derechas- alrededor del mundo amenaza con revertir esos logros. Es menester que los líderes y las ciudadanías recobren conciencia al respecto.

TRUMP Y NUESTRA ECONOMÍA
En estacolumna analizamos el impacto que el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la llegada de Trump, podría tener sobre la economía guatemalteca. Empezando por el flujo de remesas familiares, y pasando por el acceso a mercados para nuestras exportaciones, se prevén efectos inmediatos y potenciales de estas políticas que advierten sobre la necesidad de preparar acciones de política pública en Guatemala: atención a migrantes, fomento al empleo y a la empresarialidad, búsqueda de mercados y atracción de inversiones son los desafíos que podrían redefinir el futuro económico de nuestro país.

¿Y CUÁNTA GENTE TRABAJA AQUÍ?
La falta de transparencia y control sobre el número y condiciones de los empleados públicos en Guatemala es un obstáculo para cualquier reforma del servicio civil. Pese a que se realizó un “censo de trabajadores” en 2017-2018, este resultó inútil. Actualmente, el gasto en salarios públicos representa más del 25% del presupuesto estatal, sin un monitoreo adecuado. La solución propuesta implica implementar sistemas -como GUATENOMINAS- de acceso público, obligar a su uso en todas las entidades y exigir auditorías regulares para un control eficiente del gasto y una gestión transparente.
LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN 2025
El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo de Guatemala al Congreso refleja un incremento significativo, el mayor en 15 años, y plantea un déficit fiscal sin precedentes. A pesar de las deficiencias institucionales existentes, el gobierno muestra confianza en ejecutar un mayor gasto de manera eficiente. Aunque solo tiene disponible el 18% de sus ingresos para políticas públicas, las prioridades presupuestarias incluyen la educación, con un enfoque en salarios y relaciones sindicales, así como la infraestructura a través del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el presupuesto carece de énfasis en temas como la seguridad social y la transparencia, lo que sugiere una intención de asegurar la gobernabilidad política mediante el reparto de recursos a municipalidades y consejos de desarrollo.

REGALAR DINERO PÚBLICO: EL RECURSO FÁCIL
La columna critica la proliferación de iniciativas legislativas que, sin estudios de impacto fiscal y macroeconómico, comprometen la estabilidad económica de Guatemala. Ejemplos incluyen la condonación de deudas de empresas municipales con el INDE, la eliminación del Impuesto de Solidaridad y el aumento a las pensiones de jubilados, decisiones que aumentarían el gasto público en miles de millones de quetzales. Estas medidas, aunque populares, son insostenibles a largo plazo, generan déficit fiscal y distorsiones económicas. Se propone implementar reglas que obliguen a evaluar el impacto fiscal de las leyes para evitar decisiones impulsivas.

¿ES VIABLE LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024?
HABRÍA QUE EVITAR SEGUIR HACIENDO MÁS DE LO MISMO

BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024
En 2023, Guatemala mantuvo estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB del 3.3%, baja deuda pública, déficit fiscal, y un tipo de cambio estable, pese a una inflación del 3.5% y la incertidumbre electoral. Las exportaciones e importaciones cayeron por la desaceleración global, pero se espera una recuperación en 2024. Los retos incluyen mantener esta estabilidad, mejorar el clima de negocios, fortalecer instituciones y servicios públicos, y atraer inversiones mediante certeza jurídica y un entorno político estable.

LO DIFÍCIL ERA LO MÁS FÁCIL
Guatemala ha logrado consensos históricos en diversos temas clave: la firma de la paz, la lucha contra la desnutrición y la seguridad ciudadana. Sin embargo, el mayor reto no ha sido alcanzar esos acuerdos, sino implementarlos con eficacia. La falta de gestión, compromiso institucional y vigilancia ciudadana ha provocado que leyes como la de Seguridad Alimentaria o la Ley Marco de Seguridad pierdan vigencia práctica. Gobernar con responsabilidad exige no solo ganar elecciones, sino también cumplir promesas y diseñar políticas realistas. Para lograr avances reales, se requiere una tecnocracia profesional, voluntad política y una ciudadanía activa que fiscalice el poder y exija resultados.

INCLUSIÓN FINANCIERA
El acceso a servicios financieros sigue siendo un privilegio para muchos en Guatemala, especialmente en las zonas rurales, donde el 68% de los adultos carece de productos de ahorro o crédito. La falta de documentos, títulos de propiedad o conocimientos financieros limita la capacidad de los más pobres para invertir, producir y enfrentar riesgos. Aunque las microfinanzas han ampliado la cobertura en las últimas dos décadas, la demanda insatisfecha sigue siendo alta. Es fundamental crear un marco regulatorio que fortalezca a las entidades de microcrédito y cooperativas, fomente la formalización, y mantenga la flexibilidad e inmediatez que hoy ofrecen los servicios informales. Solo así se podrá cerrar la brecha financiera que impide el crecimiento económico de miles de guatemaltecos.

GOBERNABILIDAD Y PROSPERIDAD
La crisis financiera mundial ha dominado el debate en los últimos años, pero ahora es crucial enfocarse en la relación entre gobernabilidad y prosperidad económica. Guatemala ha resistido mejor que en crisis anteriores gracias a políticas macroeconómicas responsables, pero persisten riesgos, como el posible abandono de la disciplina fiscal. La estabilidad política y económica sigue dependiendo de la inversión en capital humano y social, garantizando derechos de propiedad y el respeto a la ley. La recuperación económica solo beneficiará al país si las decisiones políticas siguen un rumbo responsable.

LO PRIMERO ES CUMPLIR LA LEY
Las crisis pueden impulsar la creatividad, pero en materia de políticas públicas es esencial partir del marco legal vigente. En Guatemala, la crisis alimentaria debe abordarse conforme a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mientras que la crisis de seguridad exige el cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Asimismo, la emergencia ambiental en el lago de Atitlán pudo haberse evitado con la aplicación de las normativas existentes. En el ámbito financiero, el debate sobre la reasignación de préstamos es innecesario, pues la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe financiar gastos operativos con crédito público.

AGENDA DE SEGURIDAD
Los esfuerzos para mejorar la seguridad y la justicia en Guatemala deben priorizar el cumplimiento de la normativa existente antes de crear nuevas estrategias. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, aprobada en 2008, aún tiene pendientes fundamentales, como la creación de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, la formulación de la Política Nacional de Seguridad y la integración de instancias clave. Además, el Congreso tiene un papel esencial en la supervisión de estos procesos. La sociedad civil debe exigir el cumplimiento de estos mandatos para fortalecer el Estado de derecho.

LA PIEDRA FILOSOFAL
Muchas decisiones políticas en Guatemala parecen inspiradas en la alquimia medieval: buscan soluciones rápidas y espectaculares en lugar de consolidar estrategias sostenibles. Grandes megaproyectos, programas asistenciales improvisados y reformas fragmentadas han desviado recursos y esfuerzos de planes ya existentes que podrían generar un verdadero impacto a largo plazo. El país no necesita más propuestas efímeras, sino gestores comprometidos con la ejecución eficiente de políticas bien diseñadas.

OTRA VEZ EL HAMBRE
La crisis alimentaria en el Corredor Seco de Guatemala es una paradoja dolorosa: hay suficiente oferta de alimentos en el país, pero la población afectada sigue sufriendo hambre. Amartya Sen señaló que las hambrunas no ocurren en democracias funcionales, lo que evidencia fallos estructurales en la gestión de la seguridad alimentaria en el país. A pesar de la existencia del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), las políticas públicas parecen haberse centrado en medidas coyunturales en lugar de soluciones sostenibles. Más allá de las hambrunas, la desnutrición crónica es un problema profundo que afecta el desarrollo económico y social del país, requiriendo políticas de Estado serias y eficaces.

CENTROAMÉRICA ANTE LA CRISIS
Centroamérica enfrenta los efectos de la crisis económica mundial de maneras distintas, según la estructura de cada país. La clave para mitigar su impacto es restaurar la confianza en el sistema financiero y evitar decisiones que agraven las debilidades estructurales. Cada país debe centrarse en estrategias específicas: Guatemala en una política fiscal prudente, El Salvador en evitar la polarización, Honduras en reducir su dependencia del financiamiento externo, Costa Rica en fortalecer su estabilidad financiera y Nicaragua en recuperar credibilidad institucional. No se requieren soluciones mágicas, sino visión estratégica para salir fortalecidos de la crisis.

¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA?
La lucha contra la inseguridad en Guatemala enfrenta constantes obstáculos debido a la corrupción, la falta de continuidad en las políticas y la pérdida de valores en la sociedad. La solución debe partir del cumplimiento del marco legal vigente y la aplicación de estrategias probadas en otras ciudades como Bogotá y Sao Paulo, que han reducido la criminalidad mediante programas sostenidos de seguridad ciudadana, modernización policial y participación comunitaria. Es urgente que el Consejo Nacional de Seguridad funcione conforme a su mandato y que se prioricen reformas legislativas para fortalecer la seguridad en lugar de espectáculos políticos en el Congreso.