OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL
23/agosto/2010
LA IMPRODUCTIVIDAD RURAL Y LA POBREZA SON LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA
El área rural de Guatemala concentra a la mayoría de la población trabajadora del país. El último censo de población estableció que el 42% de la población económicamente activa se ubica en actividades primarias (fundamentalmente del sector agropecuario). Sin embargo, según las cuentas nacionales, esas mismas actividades generan únicamente el 14% del Producto Interno Bruto.
Existe, pues, una gran diferencia entre la cantidad de personas que trabajan en actividades agropecuarias y el ingreso que ellas perciben lo cual, evidentemente, se traduce en los altos índices de pobreza que se registran en el área rural. Otra forma de leer estas cifras es que una gran cantidad de personas empleadas en el área rural genera muy poca producción. De manera que la baja productividad de los factores de producción y la alta incidencia de la pobreza son las dos caras de la misma moneda del desarrollo rural.
Más allá de las múltiples opiniones subjetivas que existen sobre la materia, se dispone de varios estudios científicos, rigurosamente elaborados (como por ejemplo, uno realizado por el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar en 2006), que identifican los principales cuellos de botella que deben superarse para corregir el círculo vicioso de improductividad y pobreza en el área rural.
Dichos cuellos de botella tienen que ver, por un lado, con la ausencia de un conjunto de políticas de largo plazo enfocadas a aumentar la productividad, a generar excedentes en las economías campesinas y a propiciar la participación de la población en las decisiones económicas y en la vida política y social del país. Por el otro, se relacionan con que no existe una institucionalidad coordinada y bien fiscalizada a cargo de tales políticas.
De las múltiples iniciativas de ley que se han estado impulsando para promover el desarrollo rural del país, muy pocas se basan en los diagnósticos científicos disponibles y, por lo tanto, no acometen con propiedad la tarea de facilitar políticas públicas pertinentes y de fortalecer la institucionalidad del estado. La más reciente de ellas, elaborada conjuntamente por el Ejecutivo y algunas organizaciones campesinas y que se tradujo en la iniciativa 4084 (Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral), también fracasa en el intento.
Una gran cantidad de personas empleadas en el área rural genera muy poca producción
Tal iniciativa, pecando de poco realista y demasiado detallista, plantea políticas de forma incierta o contradictoria respecto de los aspectos que, según los estudios técnicos, deberían privilegiarse (la productividad, la excedentariedad y la participación). No sólo omite priorizar políticas clave (como la de Mipymes o las de enfoque territorial –que toman en cuenta la vocación de los territorios-), sino que plantea obligaciones deliberadamente ambiguas respecto de temas tan polémicos como la reforma del régimen de tenencia de la tierra, la definición de tierras comunales o la revisión de los tratados de libre comercio vigentes.
Además, la referida iniciativa debilita la institucionalidad del estado pues, por una parte, despoja a los Consejos de Desarrollo de su función de mecanismo formulación participativa de las políticas y, por otra, también dispone la creación de un nuevo ministerio con duplicidad de funciones y sin presupuesto, además de minar al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional al plantear nuevo sistema paralelo al mismo.
Por eso llama la atención y despierta suspicacias que algunas agrupaciones creadas, supuestamente, para promover el desarrollo de la población rural insistan en empujar a toda costa una ley técnicamente deficiente y políticamente inviable. ¿Por qué insistir en una ley tan compleja con un contenido tan controversial? ¿Por qué no converger hacia una ley más simple, quizá menos ambiciosa, pero más viable? Lamentablemente pereciera que esta vez, como en tantas ocasiones en la historia, los radicales de ambos extremos del espectro político coinciden en que, en el fondo, lo que quieren es que no se apruebe ninguna ley que favorezca el desarrollo rural: que nada cambie para que todo siga igual, incluyendo su modus vivendi.
