
POR QUÉ LOS MINISTROS SE NOMBRAN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
Razones de Estado y de conveniencia política hacen aconsejable que los ministros de gobierno no se nombren durante la campaña electoral, sino solo hasta después de las elecciones

TRUMP Y NUESTRA ECONOMÍA
En estacolumna analizamos el impacto que el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la llegada de Trump, podría tener sobre la economía guatemalteca. Empezando por el flujo de remesas familiares, y pasando por el acceso a mercados para nuestras exportaciones, se prevén efectos inmediatos y potenciales de estas políticas que advierten sobre la necesidad de preparar acciones de política pública en Guatemala: atención a migrantes, fomento al empleo y a la empresarialidad, búsqueda de mercados y atracción de inversiones son los desafíos que podrían redefinir el futuro económico de nuestro país.

¿Y CUÁNTA GENTE TRABAJA AQUÍ?
La falta de transparencia y control sobre el número y condiciones de los empleados públicos en Guatemala es un obstáculo para cualquier reforma del servicio civil. Pese a que se realizó un “censo de trabajadores” en 2017-2018, este resultó inútil. Actualmente, el gasto en salarios públicos representa más del 25% del presupuesto estatal, sin un monitoreo adecuado. La solución propuesta implica implementar sistemas -como GUATENOMINAS- de acceso público, obligar a su uso en todas las entidades y exigir auditorías regulares para un control eficiente del gasto y una gestión transparente.

ELECCIÓN DE CORTES: SABOR A POCO
Una justicia pronta, cumplida e independiente necesita de una institucionalidad eficaz, lamentablemente ausente en el recientemente concluido proceso de elcción de cortes. Aqué se proponen algunas soluciones para un sistema judicial independiente, que no es solo un requisito para el correcto funcionamiento de la democracia, sino una condición indispensable para el desarrollo económico y social de la Nación.
LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN 2025
El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo de Guatemala al Congreso refleja un incremento significativo, el mayor en 15 años, y plantea un déficit fiscal sin precedentes. A pesar de las deficiencias institucionales existentes, el gobierno muestra confianza en ejecutar un mayor gasto de manera eficiente. Aunque solo tiene disponible el 18% de sus ingresos para políticas públicas, las prioridades presupuestarias incluyen la educación, con un enfoque en salarios y relaciones sindicales, así como la infraestructura a través del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el presupuesto carece de énfasis en temas como la seguridad social y la transparencia, lo que sugiere una intención de asegurar la gobernabilidad política mediante el reparto de recursos a municipalidades y consejos de desarrollo.

REGALAR DINERO PÚBLICO: EL RECURSO FÁCIL
La columna critica la proliferación de iniciativas legislativas que, sin estudios de impacto fiscal y macroeconómico, comprometen la estabilidad económica de Guatemala. Ejemplos incluyen la condonación de deudas de empresas municipales con el INDE, la eliminación del Impuesto de Solidaridad y el aumento a las pensiones de jubilados, decisiones que aumentarían el gasto público en miles de millones de quetzales. Estas medidas, aunque populares, son insostenibles a largo plazo, generan déficit fiscal y distorsiones económicas. Se propone implementar reglas que obliguen a evaluar el impacto fiscal de las leyes para evitar decisiones impulsivas.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Dividida en tres aspectos clave —los puntos macroeconómicos positivos, las carencias en transparencia y calidad del gasto público, y las preocupantes implicaciones políticas—, la columna examina cómo, a pesar de sus sólidos fundamentos macroeconómicos, esta ampliación presupuestaria podría estar amenazada por problemas de transparencia y riesgos políticos, afectando así la confianza en la gestión fiscal del país.

UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO
El reciente incremento del Presupuesto del Estado para 2024 demuestra la capacidad de alcanzar mayorías parlamentarias, incluso en un ambiente legislativo fragmentado. Se presenta una oportunidad clave para impulsar una agenda legislativa con visión a largo plazo, orientada a reformas pro-crecimiento y sostenibles.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: LOS DESAFÍOS POR DELANTE
Para mejorar la infraestructura pública en Guatemala, es crucial implementar cambios administrativos y regulatorios que promuevan la transparencia y efectividad en la ejecución de obras. Una legislación moderna y adaptada puede acelerar el desarrollo vial y económico del país, priorizando la planificación, continuidad y supervisión de proyectos, además de fomentar la competencia en la contratación. Los líderes políticos deben actuar con visión para reformar el marco institucional y aprovechar los recursos disponibles eficientemente.

¿ES VIABLE LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024?
HABRÍA QUE EVITAR SEGUIR HACIENDO MÁS DE LO MISMO

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS
URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO

BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024
En 2023, Guatemala mantuvo estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB del 3.3%, baja deuda pública, déficit fiscal, y un tipo de cambio estable, pese a una inflación del 3.5% y la incertidumbre electoral. Las exportaciones e importaciones cayeron por la desaceleración global, pero se espera una recuperación en 2024. Los retos incluyen mantener esta estabilidad, mejorar el clima de negocios, fortalecer instituciones y servicios públicos, y atraer inversiones mediante certeza jurídica y un entorno político estable.

LAS INSTITUCIONES DEL 44
Las reformas de la Revolución de 1944 en Guatemala crearon instituciones autónomas clave como la Universidad de San Carlos, el Banco de Guatemala y el IGSS, diseñadas para operar sin interferencias políticas y modernizar el país. A pesar de enfrentar desafíos similares a los de 1944, estas instituciones han demostrado su eficacia y estabilidad gracias a su autonomía y diseño inclusivo. Es crucial mantener un equilibrio en su gobernanza para evitar la captura regulatoria y garantizar la representación de diversos sectores.

ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS
Las elecciones en Guatemala, aunque demostraron la solidez del sistema democrático, revelaron debilidades en la gobernanza debido a la judicialización del proceso electoral. Esto genera incertidumbre que afecta negativamente la calificación de riesgo-país. A pesar de políticas macroeconómicas estables, Fitch Ratings destaca problemas de corrupción y estado de derecho como obstáculos para mejorar la calificación soberana, impactando la confianza financiera internacional y aumentando los riesgos crediticios.

PRIMERA VUELTA ELECTORAL: 5 PARADOJAS Y 5 LECCIONES
La primera vuelta electoral se desarrolló pacífica, transparente y legítimamente, pero sus resultados aún no se oficializan. De ella surgen varias paradojas, pero también varias lecciones a aprender para no volver a cometer los mismos errores en el futuro

ETAPAS Y POLÍTICAS PARA LA CRISIS
La evolución del covid-19 se organiza en etapas, cada una con nodos de políticas públicas clave. En la contención, el distanciamiento social y la ampliación hospitalaria buscan evitar el colapso sanitario. En la mitigación, se requieren medidas de asistencia humanitaria y apoyo económico para empresas y empleos, aunque la ejecución aún es lenta. La reapertura económica deberá estructurarse en fases y protocolos según riesgos y beneficios sectoriales. Finalmente, la reactivación exigirá incentivos a empresas adaptadas, reorientación del presupuesto y reformas institucionales. Aunque corresponden a momentos distintos, los nodos deben traslaparse: anunciar con claridad la reapertura es esencial para dar certeza económica y sostener la gobernabilidad.

LAS TRES EMERGENCIAS
La pandemia ha abierto tres frentes de crisis en Guatemala. La emergencia sanitaria demanda ampliar camas, UCI, equipos médicos y personal, esfuerzo en el que el gobierno ha actuado con cierta eficacia inicial al ganar tiempo con el confinamiento. La emergencia humanitaria afecta a millones de trabajadores informales y desempleados; aunque existen programas de ayuda, su ejecución es mínima y el Bono Familia, pieza clave con Q6 millardos, sigue sin implementarse plenamente. La emergencia económica amenaza la viabilidad de empresas, pero los fondos para empleo y crédito aún no han desembolsado nada. Urge rediseñar y ejecutar con eficiencia y transparencia para evitar un colapso social y productivo.

GANAR TIEMPO ¿PARA QUÉ?
La inmunidad colectiva frente al covid-19 requiere que un 60% de la población adquiera defensas, ya sea por contagio natural —con graves costos en vidas— o mediante una vacuna aún inexistente. Ante esta realidad, el distanciamiento social se convierte en la única opción para ganar tiempo. Ese tiempo debe emplearse para ampliar la capacidad hospitalaria, fortalecer al personal y equipamiento médico, y diseñar una estrategia clara de reapertura económica acompañada de protocolos sanitarios y pruebas aleatorias. Asimismo, es fundamental asegurar recursos para la asistencia humanitaria y empresarial durante la emergencia y preparar políticas de reactivación. Un plan de desescalada, con fases y fechas, es indispensable para brindar certeza y orientar la recuperación.

SIN CONFIANZA NO SE AVANZA
La pandemia ha mostrado que países con condiciones similares pueden enfrentar impactos muy distintos según la calidad de sus gobiernos. Según Francis Fukuyama, la confianza ciudadana en el poder ejecutivo es el factor clave en una crisis, y esta descansa en tres pilares: la experiencia técnica e imparcialidad de los gobernantes, el liderazgo de la autoridad máxima y la capacidad de construir consensos amplios. En Guatemala, el presidente Giammattei ha ganado respaldo en los dos primeros aspectos, pero el gran reto es consolidar el tercero. La ejecución transparente de recursos y la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo serán decisivos para afrontar la emergencia y preparar la recuperación.

APRETAR Y RELAJAR, EN ESE ORDEN
La pandemia obligó a los gobiernos a escoger entre dos enfoques: la contención, que busca inmunización gradual aislando solo a los vulnerables, y la supresión, basada en confinamiento estricto. La experiencia internacional muestra que el enfoque de contención, ensayado en países como Suecia, genera más contagios y muertes, volviéndose insostenible. En contraste, la estrategia checa de supresión permitió reducir contagios, reforzar el sistema sanitario y preparar una reapertura gradual con fuerte respaldo fiscal. El camino más viable parece ser aplicar confinamiento riguroso al inicio, invertir en capacidad hospitalaria y, luego, relajar medidas con cautela, manteniendo flexibilidad ante posibles rebrotes.