CONTROLES INTERNOS
01/09/2008
LA FALTA DE CONTROLES INTERNOS EN EL CONGRESO IMPIDE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
El escándalo financiero en el Congreso de la República por el manejo anómalo de más de 80 millones de quetzales ha hecho que surja en la opinión pública un ánimo por identificar a los posibles culpables y una búsqueda de remedios que impidan que otro hecho vergonzoso como el señalado vuelva a ocurrir. Para quienes gustan de identificar culpables, la lista de candidatos es un festín: que si la Contraloría de Cuentas por no verificar la ejecución presupuestaria del Congreso; que si el Registro de Valores por no supervisar a las casa de bolsa; que si el Ministerio Público por dejar escapar a los sospechosos; que si la Superintendencia de Bancos por no vigilar cada una de las operaciones de cada uno de los clientes de cada uno de los bancos del sistema; que si los bancos por no verificar las firmas de los cuentahabientes; o, que si los propios congresistas, claro está, por hechores o consentidores.
Para quienes prefieren proponer grandes soluciones también la lista es generosa: que si modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos; que si aprobar la Ley de Acceso a la Información; que si revivir legalmente el delito de enriquecimiento ilícito, que si emitir un Código de Ética para los diputados; o, evidentemente, que si depurar o, por qué no, clausurar el Congreso.
Lo que sorprende es que en esos listados casi nadie ha incluido al principal culpable de que frecuentemente ocurran actos de corrupción en las instituciones del Estado: la falta de controles internos. Efectivamente, la primera y más eficaz línea de defensa contra la corrupción es la existencia, al interior de las entidades públicas, de sencillos, llanos y modestos controles internos que estén bien institucionalizados. Para empezar, es elemental la necesidad en cualquier ente estatal de contar con una función de Auditoría Interna con personal calificado, con independencia de criterio, blindada de las decisiones políticas, con reglas y obligaciones establecidas por escrito, y con normas para rendir cuentas.
La primera y más eficaz línea de defensa contra la corrupción es la existencia de sencillos y modestos controles internos
También sería de mucha utilidad un Comité de Auditoría, para cuya conformación la Directiva del Congreso podría nombrar a algunos diputados que se han especializado en fiscalizar la ejecución presupuestaria (pero que quizá han descuidado la fiscalización del propio Legislativo). Y, por supuesto, la emisión de reglamentos y manuales (increíblemente inexistentes al día de hoy) que regulen tanto el manejo de los recursos financieros, como las funciones y atribuciones de los empleados del Congreso. Un avance significativo en esta línea sería que el propio Congreso aprobara la segregación de las funciones administrativas y las parlamentarias, tal como atinadamente lo está proponiendo un grupo de diputados.
La institucionalización de controles internos no es una solución glamorosa o políticamente sexy, pero es ciertamente efectiva: muchos de las malversaciones de fondos públicos que se han conocido en años recientes (y las que no se han conocido) se debieron a situaciones que pudieron ser prevenidas en forma oportuna y efectiva mediante mecanismos de control interno. Lo malo es que su implementación requiere de voluntad, esfuerzo y gestión continua. Y que los malandros suelen preferir las soluciones grandiosas y complejas, porque éstas casi nunca llegan a ver la luz del día.
