9/noviembre/2026
El valor de una obra se comprueba cuando se va el contratista
Hace algunos días, en ocasión de presentar la opinión de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo -ATAL- sobre el proyecto de presupuesto de 2027 ante la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, un diputado planteó una pregunta que merece una respuesta más detenida: ¿no tiene el gasto de los Consejos de Desarrollo un efecto positivo en la economía de las comunidades menos atendidas por el Gobierno central? Desde luego que sí, puede tenerlo, pero no de la forma en que se ha venido haciendo.
Por ejemplo, la construcción de un sistema de agua potable implica contratar trabajadores, comprar materiales y generar ingresos que, en parte, vuelven a gastarse en el lugar. Es lo que los economistas llamamos el multiplicador del gasto. Pero, cuando la obra entra en servicio, aparece un beneficio de otra naturaleza: las familias disponen de agua y dejan de dedicar tiempo y dinero a conseguirla. Ese beneficio puede durar muchos años después de que se haya pagado el último jornal.
En la comparecencia ante la Comisión de Finanzas recurrí a una exageración deliberada: si el único propósito fuera poner dinero a circular en el municipio, bastaría con llevar un camión cargado de billetes y repartirlos en la plaza. La ocurrencia, desde luego, no es una propuesta de política pública. Sirve para ilustrar lo poco que dice el movimiento de dinero sobre el valor de una obra. Hasta una tubería que nunca llega a conectarse puede haber dado trabajo y vendido cemento. Lo que no habrá dado es agua.
La preocupación de ATAL parte de esa distinción. Al cierre de agosto, la ejecución de los aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo rondaba el 24% de lo presupuestado para 2026. Es un corte parcial, pero da motivos para preguntar qué obras pueden concluirse y cuáles tienen apenas una asignación en el papel. Trasladar los saldos al año siguiente puede tener sentido para terminar una obra en marcha. Pero otra cosa es arrastrarlos automáticamente, sin distinguir los compromisos válidos de los recursos que nunca se vincularon a un proyecto listo para ejecutarse.
A mi juicio, en la Ley de los Consejos de Desarrollo hay una joya poco aprovechada. La idea es que las prioridades nazcan en las comunidades y pasen por los consejos municipales, departamentales y regionales hasta llegar al ámbito nacional. Allí deben encontrarse con la planificación del Estado. Un sistema de agua, por ejemplo, requiere que la comunidad identifique la necesidad, que el municipio pueda ejecutar y mantener la obra y que la inversión se coordine con los planes del sector. Si cada quien decide por su cuenta, desarticuladamente, hasta una necesidad genuina puede acabar en una obra inútil.
El año electoral vuelve aún más importante esa coordinación. La presión por inaugurar obras antes de las elecciones puede favorecer malos proyectos de rápida ejecución y escasa utilidad frente a otros que la comunidad necesita más. De ahí que, antes de autorizar aportes adicionales a los Consejos, el Congreso deba exigir proyectos con respaldo técnico y que cualquier vecino pueda saber por qué se eligió una obra, cuánto cuesta y cuánto se ha avanzado.
Para corregir el problema de fondo hay que fortalecer la Ley de los Consejos de Desarrollo. Las excepciones en el presupuesto anual no arreglan el divorcio existente entre lo que pide la comunidad, lo que planifica el Estado y lo que finalmente se construye. Volvamos a la pregunta del diputado: sí, una buena obra puede animar la economía local. Pero la prueba de que valió la pena vendrá después, cuando se haya ido el contratista y en las casas siga saliendo agua.
