SIN INSTITUCIONES NO HAY DESARROLLO
18/octubre/2008
LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ES CLAVE PARA EL DESARROLLO Y ESTABILIDAD DE GUATEMALA
El desarrollo económico y social de cualquier país requiere de estabilidad y de crecimiento económico para lo cual, a su vez, es necesario casi siempre contar con instituciones funcionales entre las que pueden mencionarse, por ejemplo, instituciones económicas básicas como los derechos de propiedad o la gobernanza (que incluye la reducción de la corrupción). Estas instituciones son la manifestación de una serie de reglas –codificadas en forma de leyes-, así como de tradiciones y convenios sociales informales, de manera que las instituciones de un país son el producto de una compleja interacción de factores culturales, históricos, políticos y económicos que se van consolidando en el tiempo.
En Guatemala, muchas de las instituciones existentes no son funcionales (como lo ilustran los casos de las instituciones de seguridad, de justica o de regulación de los mercados), sea porque se han construido de forma inadecuada o porque se han desnaturalizado con el transcurso del tiempo, por lo que resulta imprescindible y urgente reformarlas y fortalecerlas. En ese contexto, resultó muy atinada la elección del tema sobre el cual se centraron las disertaciones del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- realizado la semana pasada en esta ciudad, donde se puso en evidencia que Guatemala debe incrementar significativamente la capacidad de las instituciones públicas para alcanzar el objetivo para el cual han sido creadas, a fin de reducir la pobreza, mejorar la competitividad y lograr mayores niveles de vida.
Transformar o reformar las instituciones es, sin embargo, una tarea compleja que conlleva cambios organizacionales y establecer nuevas reglas para mejorar las instituciones públicas, devastadas por décadas de descuido, inversión insuficiente y captura por parte de intereses espurios. Las reformas institucionales requieren líderes que propicien los amplios consensos nacionales necesarios para impulsarlas, especialmente en aquellas áreas donde no existe plena conciencia de que su falta de realización puede tener consecuencias graves. Además, la reforma de las instituciones públicas toma tiempo y sus resultados (que muchas veces se refieren a mejorar la calidad de servicios tales como la educación o la administración de justicia) no son fácilmente mensurables. El impulso de las reformas institucionales entraña costos en términos de tiempo, energía, capital político y capacidades administrativas que, desafortunadamente, no son abundantes en nuestro país. En particular, es escasa la presencia de mandos medios calificados en la administración pública, lo cual dificulta los esfuerzos de cambio institucional ya que son dichos cuadros los principales factores de impulso y sostenibilidad de tales reformas.
No obstante esas dificultades, la crisis que está viviendo hoy día la economía mundial, aunada al deterioro más que evidente de muchas de las instituciones básicas del estado guatemalteco, configuran un escenario propicio para adoptar medidas de cambio relativamente audaces en diversas instituciones sobre las que existen acuerdos en la sociedad en cuanto a que las mismas están desacreditadas y claman por ser reformadas. El liderazgo nacional, en el gobierno y en la sociedad civil, debe actuar en consecuencia.
Las reformas institucionales en Guatemala son urgentes, pero requieren un liderazgo firme y consensos nacionales para transformar instituciones débiles y disfuncionales
