ESTADO Y MERCADO
27/octubre/2008
LA INTERVENCIÓN ESTATAL TEMPORAL EN EL MERCADO FINANCIERO NO INDICA EL FIN DEL CAPITALISMO, SINO UNA REACCIÓN PRAGMÁTICA A LA CRISIS
En las últimas semanas los gobiernos de las principales economías occidentales han invertido miles de millones de dólares para adquirir acciones de sus bancos, en lo que constituye una nacionalización parcial de facto, aunque temporal, de sus sistemas financieros. Algunas opiniones juzgan que tal intervención estatal es prueba irrefutable de que el capitalismo está en pleno declive, y que el péndulo ideológico de la política económica se mueve rápidamente hacia el lado de la intervención estatal masiva en la economía.
Aunque en realidad el péndulo se está moviendo rápidamente, resulta prematuro vaticinar que se producirán cambios radicales en el esquema económico mundial. Las intervenciones de los gobiernos en el mercado financiero no han sido motivadas por razones ideológicas, sino que constituyen reacciones pragmáticas de emergencia, cuya intención evidente es la de evitar un agravamiento de la crisis que, una vez conjurado, permita devolver la propiedad de las empresas a manos privadas, tan pronto como sea posible. Después de todo, el sistema de mercado, con todos sus defectos (incluida su tendencia recurrente a engendrar crisis financieras), ha permitido que millardos de personas en el mundo elevaran exponencialmente su nivel de vida en el último siglo y medio. Parafraseando a Churchill: el sistema de libre mercado es el peor para generar eficiencia y prosperidad, excepto por todos los demás sistemas conocidos.
Ahora bien, en esos movimientos históricos del péndulo, desde el extremo del libre mercado hacia el extremo del control estatal, la actual crisis parece evidenciar que en el mundo occidental se varó por demasiado tiempo en el primero de los extremos. El propio Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal estadounidense, reconoció recientemente falló al creer que el mercado financiero se iba a “auto-regular” en materia de productos financieros derivados y sus riesgos asociados. Se admite, pues, que el estado tiene un rol regulador qué jugar para permitir que los mercados y la competencia funcionen adecuadamente. Lo importante es que en este viaje de regreso del péndulo los gobiernos reconozcan que su intervención en los procesos económicos debe estar guiada (y limitada) por el objetivo claro de permitir que el mercado, la competencia y la libre disposición de los bienes privados cumplan con el rol de eficientes asignadores de recursos y promotores de prosperidad que están llamados a desempeñar.
Dani Rodik, connotado profesor de economía política, sugería hace algunos años que, además de la provisión de bienes públicos esenciales (como seguridad y justicia) el estado debe coadyuvar al funcionamiento del mecanismo de mercado mediante el establecimiento de instituciones públicas: instituciones creadoras de mercados (derechos de propiedad y cumplimiento de contratos), instituciones que regulen los mercados (tales como superintendencias), instituciones que estabilicen los mercados (como instituciones monetarias o reglas fiscales), e instituciones que legitimen los mercados (como el seguro social o esquemas para la solución de conflictos). Con esta agenda, estados pequeños como el guatemalteco tienen suficiente material para estar ocupados durante años, antes de siquiera pensar en convertirse en propietarios de empresas.
El sistema de libre mercado ha permitido mejorar la vida de miles de millones, pero en tiempos de crisis, es necesario un rol regulador del estado para asegurar la estabilidad del mercado
