¿SOMOS UNA ECONOMÍA EN DESARROLLO?
Las clasificaciones de países emergentes por niveles de ingreso o modelos de desarrollo no reflejan del todo las realidades económicas. Guatemala, cuyo crecimiento se sostiene en el consumo y los servicios alimentados por remesas, encaja en el modelo terciario. Sin embargo, ningún modelo garantiza por sí mismo el desarrollo; los casos de éxito muestran que lo decisivo es la existencia de instituciones sólidas, certeza jurídica, paz social y políticas de largo plazo. Sin estos elementos, incluso las estrategias más prometedoras fracasan. La clave, por tanto, no está en copiar un modelo, sino en crear condiciones institucionales y de gobernanza efectivas.
LA HORA DE LOS ESTADISTAS
Con el cierre de las elecciones, el país enfrenta el desafío de pasar de la retórica electoral a la acción gubernamental. El próximo presidente deberá evitar la tentación de prometer soluciones para todos los problemas y concentrarse en priorizar políticas claras y alcanzables. Guatemala arrastra tres grandes males: desnutrición infantil, crimen organizado y falta de oportunidades económicas, todos relacionados con la debilidad institucional y la ausencia de un Estado eficaz. La etapa de transición es clave para que las autoridades electas convoquen a la unidad nacional, construyan consensos y diseñen una agenda mínima enfocada en lo esencial. Esto implica reconocer que el aparato estatal es insuficiente y requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, gasto público y sistema político. Sin consensos, el país seguirá estancado.
LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO MEDIOCRE
Aunque la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a crisis globales y ha mantenido estabilidad macroeconómica, su crecimiento per cápita sigue siendo muy lento en comparación con otras economías de América Latina y Asia. Esta discrepancia evidencia que la estabilidad no garantiza progreso, y que factores estructurales, como la debilidad de las instituciones públicas y republicanas, pueden estar limitando la capacidad del país para generar bienestar material sostenido. Aun con avances tecnológicos y cierta mejora en la calidad de vida, la economía continúa rezagada, poniendo en evidencia la urgencia de reformas que impulsen la productividad, fortalezcan las instituciones y aceleren el crecimiento económico.
ESTADO DE DERECHO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El lento crecimiento económico del país refleja la baja productividad sistémica y la debilidad de sus instituciones públicas, lo que impide al Estado proveer servicios esenciales como seguridad, justicia, infraestructura, educación y salud. La crisis política reciente evidencia y agrava esta disfuncionalidad institucional, afectando la inversión y el desarrollo económico. A largo plazo, la pérdida de institucionalidad puede derivar en riesgos de gobernabilidad y fracaso económico, tal como muestran ejemplos internacionales. Garantizar el respeto al Estado de Derecho es esencial para promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y mantener una democracia funcional.
SE NOS ESCAPA LA OPORTUNIDAD
El dinamismo de la economía estadounidense abre una ventana de crecimiento para los países centroamericanos, pero la región no logra capitalizarla debido a limitaciones estructurales: dependencia de las remesas, crisis fiscales, bajo nivel de inversión y sistemas políticos frágiles. Sin un fortalecimiento institucional y reformas fiscales, el potencial de crecimiento y bienestar seguirá desperdiciándose.
ACERCA DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA
Las críticas recientes que afirman que la política macroeconómica de Guatemala está “agotada” ignoran que esta abarca mucho más que solo la política monetaria o cambiaria. Mientras que la política monetaria ha logrado cierta estabilidad, el resto de políticas macroeconómicas —como la fiscal, comercial o institucional— han sido mal gestionadas, desvirtuadas o completamente desatendidas. En lugar de promover el crecimiento y reducir la pobreza, el presupuesto ha sido usado para fines clientelares y cortoplacistas. El problema no es que las políticas estén agotadas, sino que nunca se han aplicado con visión ni coherencia.
CERTEZA JURÍDICA Y GOBERNABILIDAD
Las debilidades estructurales del Estado guatemalteco —falta de DPI y pasaportes, carreteras intransitables, inversiones paralizadas, justicia ineficiente— impiden el crecimiento económico y perpetúan la pobreza. La lucha contra la corrupción, aunque necesaria, es insuficiente sin una transformación institucional profunda que devuelva certeza jurídica y gobernabilidad. Se plantea una agenda mínima de cinco reformas clave: sistema electoral, justicia, servicio civil, compras públicas y consultas comunitarias. Un acuerdo nacional que las impulse es urgente para evitar que Guatemala se convierta en un Estado fallido.
NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA
El desarrollo económico de Guatemala depende de un sistema de justicia fuerte, independiente y eficiente. La falta de certeza jurídica y el avance del crimen organizado han corroído la institucionalidad del país, alimentando la impunidad y desincentivando la inversión. Reformar a fondo el sector justicia, incluyendo ajustes constitucionales cuidadosamente diseñados, es imprescindible para fortalecer el Estado de derecho y permitir un futuro próspero. Sin embargo, los intentos mal planteados de reforma han dado pie a manipulaciones ideológicas y étnicas que desvían la atención del problema real: la captura del Estado por estructuras criminales.
TRABAJO Y PRODUCCIÓN
El crecimiento económico de Guatemala ha dependido en exceso del aumento poblacional, con una productividad estancada que compromete el desarrollo a largo plazo. La desaceleración demográfica y factores externos, como el proteccionismo internacional, agravan el panorama. Urge una agenda nacional centrada en mejorar la educación, la capacitación laboral, la digitalización, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento macroeconómico para elevar la productividad y asegurar un crecimiento sostenible.
IMPUESTOS: REFORMA INTEGRAL O PARCHE
Resumen profesional:
Guatemala posee uno de los aparatos estatales más pequeños del mundo en relación con el tamaño de su economía, lo que repercute en una provisión históricamente deficiente de servicios públicos. Ante la necesidad de fortalecer al Estado, la vía más sostenible es una reforma fiscal integral, pero las recientes propuestas del gobierno resultan tímidas y parciales. Pese a una coyuntura favorable —con presión ciudadana, apertura empresarial y respaldo internacional—, la falta de ambición amenaza con repetir errores del pasado. Una reforma gradual, pactada y estructural aún sería posible, si se priorizan medidas anticorrupción, racionalización del gasto y fortalecimiento institucional. De lo contrario, el país volverá a desperdiciar una oportunidad histórica.
LA ENCRUCIJADA DE LA VIOLENCIA
Los recientes avances en la lucha contra el crimen en Guatemala, incluidos la desarticulación de más de 70 bandas y la notable reducción del número de homicidios, ofrecen una señal alentadora en un país asfixiado por la violencia. Un estudio de la Declaración de Ginebra destaca el alto costo del crimen sobre el desarrollo nacional, estimado en más del 7% del PIB. Si bien los progresos recientes son significativos, su sostenibilidad depende de aplicar políticas integrales que aborden desde las instituciones hasta las víctimas potenciales. Es crucial fortalecer el Estado y su control territorial mediante el cumplimiento de la Ley Marco de Seguridad y el robustecimiento del sistema de inteligencia y carrera profesional policial, con el fin de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y propiciar el desarrollo duradero.