SE NOS ESCAPA LA OPORTUNIDAD
El dinamismo de la economía estadounidense abre una ventana de crecimiento para los países centroamericanos, pero la región no logra capitalizarla debido a limitaciones estructurales: dependencia de las remesas, crisis fiscales, bajo nivel de inversión y sistemas políticos frágiles. Sin un fortalecimiento institucional y reformas fiscales, el potencial de crecimiento y bienestar seguirá desperdiciándose.
ACERCA DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA
Las críticas recientes que afirman que la política macroeconómica de Guatemala está “agotada” ignoran que esta abarca mucho más que solo la política monetaria o cambiaria. Mientras que la política monetaria ha logrado cierta estabilidad, el resto de políticas macroeconómicas —como la fiscal, comercial o institucional— han sido mal gestionadas, desvirtuadas o completamente desatendidas. En lugar de promover el crecimiento y reducir la pobreza, el presupuesto ha sido usado para fines clientelares y cortoplacistas. El problema no es que las políticas estén agotadas, sino que nunca se han aplicado con visión ni coherencia.
CERTEZA JURÍDICA Y GOBERNABILIDAD
Las debilidades estructurales del Estado guatemalteco —falta de DPI y pasaportes, carreteras intransitables, inversiones paralizadas, justicia ineficiente— impiden el crecimiento económico y perpetúan la pobreza. La lucha contra la corrupción, aunque necesaria, es insuficiente sin una transformación institucional profunda que devuelva certeza jurídica y gobernabilidad. Se plantea una agenda mínima de cinco reformas clave: sistema electoral, justicia, servicio civil, compras públicas y consultas comunitarias. Un acuerdo nacional que las impulse es urgente para evitar que Guatemala se convierta en un Estado fallido.
NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA
El desarrollo económico de Guatemala depende de un sistema de justicia fuerte, independiente y eficiente. La falta de certeza jurídica y el avance del crimen organizado han corroído la institucionalidad del país, alimentando la impunidad y desincentivando la inversión. Reformar a fondo el sector justicia, incluyendo ajustes constitucionales cuidadosamente diseñados, es imprescindible para fortalecer el Estado de derecho y permitir un futuro próspero. Sin embargo, los intentos mal planteados de reforma han dado pie a manipulaciones ideológicas y étnicas que desvían la atención del problema real: la captura del Estado por estructuras criminales.
TRABAJO Y PRODUCCIÓN
El crecimiento económico de Guatemala ha dependido en exceso del aumento poblacional, con una productividad estancada que compromete el desarrollo a largo plazo. La desaceleración demográfica y factores externos, como el proteccionismo internacional, agravan el panorama. Urge una agenda nacional centrada en mejorar la educación, la capacitación laboral, la digitalización, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento macroeconómico para elevar la productividad y asegurar un crecimiento sostenible.
IMPUESTOS: REFORMA INTEGRAL O PARCHE
Resumen profesional:
Guatemala posee uno de los aparatos estatales más pequeños del mundo en relación con el tamaño de su economía, lo que repercute en una provisión históricamente deficiente de servicios públicos. Ante la necesidad de fortalecer al Estado, la vía más sostenible es una reforma fiscal integral, pero las recientes propuestas del gobierno resultan tímidas y parciales. Pese a una coyuntura favorable —con presión ciudadana, apertura empresarial y respaldo internacional—, la falta de ambición amenaza con repetir errores del pasado. Una reforma gradual, pactada y estructural aún sería posible, si se priorizan medidas anticorrupción, racionalización del gasto y fortalecimiento institucional. De lo contrario, el país volverá a desperdiciar una oportunidad histórica.
LA ENCRUCIJADA DE LA VIOLENCIA
Los recientes avances en la lucha contra el crimen en Guatemala, incluidos la desarticulación de más de 70 bandas y la notable reducción del número de homicidios, ofrecen una señal alentadora en un país asfixiado por la violencia. Un estudio de la Declaración de Ginebra destaca el alto costo del crimen sobre el desarrollo nacional, estimado en más del 7% del PIB. Si bien los progresos recientes son significativos, su sostenibilidad depende de aplicar políticas integrales que aborden desde las instituciones hasta las víctimas potenciales. Es crucial fortalecer el Estado y su control territorial mediante el cumplimiento de la Ley Marco de Seguridad y el robustecimiento del sistema de inteligencia y carrera profesional policial, con el fin de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y propiciar el desarrollo duradero.