A PASO DE TORTUGA
La velocidad promedio de circulación en Guatemala es de apenas 53 km/h, una de las más bajas del mundo, lo que refleja el deterioro de su infraestructura vial. Según el FMI, la calidad de las carreteras influye directamente en el crecimiento económico, la productividad y la integración de los mercados. El país necesita reformar la gobernanza de la inversión pública para garantizar obras sostenibles, bien planificadas y duraderas. Sin embargo, los bloqueos políticos y las posturas ideológicas han frenado la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial. Un paso clave sería implementar el programa PIMA del FMI para diagnosticar y mejorar la gestión de la inversión pública y modernizar el sistema de infraestructura.
EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública en Guatemala se ha reducido drásticamente en cantidad y calidad, con un presupuesto cada vez más destinado a gastos de funcionamiento y no a infraestructura. La ineficiencia, la falta de priorización de proyectos y la corrupción agravan el problema, situando al país por debajo del promedio regional en infraestructura. Mejorar la planificación, ejecución y mantenimiento de la obra pública exige instituciones más sólidas y experticia técnica. La evaluación PIMA del FMI ofrece una oportunidad clave para diagnosticar el sistema y sentar las bases de reformas que impulsen productividad, empleo y crecimiento sostenible.
BLINDAR LOS AHORROS FISCALES
En 2021, Guatemala logró mejorar notablemente sus finanzas públicas, acumulando más de Q6 millardos en recursos extraordinarios gracias a un aumento de ingresos y a la emisión estratégica de deuda. Esta situación representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión en infraestructura, elemento crucial para el desarrollo económico. Para que sea efectiva, la inversión debe concentrarse en proyectos bien evaluados, con procesos de licitación transparentes y gestión de contratos rigurosa. Proyectos como la conectividad de frontera a frontera, ampliaciones viales y mejoras en movilidad urbana requieren gobernanza especial, asegurando que los recursos se ejecuten con eficiencia y bajo estricta fiscalización.
¿GASTO PÚBLICO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA?
El presupuesto 2021 destina más de Q4.5 millardos a reactivación económica, principalmente en infraestructura, pero su eficacia corre un alto riesgo debido a la ineficiencia y corrupción histórica del gasto público en Guatemala. El FMI estima que en países en desarrollo hasta un 40% de la inversión pública se pierde por estos factores. Para garantizar el impacto de los recursos, se recomienda crear fondos de inversión blindados con gobernanza transparente, priorizando salud, nutrición infantil e infraestructura estratégica. Además, el Estado debe incentivar la inversión privada y el consumo mediante fondos de garantía, aprovechando recursos líquidos retenidos por la incertidumbre económica.
PRESUPUESTO 2021: UNA OPORTUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El Presupuesto del Estado para 2021 debe ser el eje central de la reactivación tras la pandemia, orientando recursos hacia cinco áreas prioritarias. Primero, fortalecer las redes de protección social con programas permanentes y focalizados que garanticen estabilidad a los más vulnerables. Segundo, invertir en sanidad pública y prevención de desastres para enfrentar futuras emergencias. Tercero, impulsar infraestructura física, vial y tecnológica con mayor eficiencia y transparencia. Cuarto, promover la generación de empleo directo e indirecto mediante confianza en el rumbo económico. Finalmente, asegurar la sostenibilidad fiscal para mantener la solvencia internacional y garantizar financiamiento futuro para el desarrollo.
RIESGOS PARA LA ECONOMÍA
Una misión técnica del FMI concluyó que, pese a la estabilidad macroeconómica de Guatemala, el crecimiento de 2018 apenas llegó al 3 % debido a la caída de exportaciones, la baja inversión en infraestructura y el desplome de la minería. Para 2019, el panorama sigue limitado por un año electoral incierto y riesgos globales como la guerra comercial de EE. UU. y las políticas antimigratorias que afectan las remesas. El Fondo señala que los desafíos de mediano plazo requieren reformas institucionales y fiscales para fortalecer servicios públicos e impulsar productividad. Sin embargo, en el corto plazo identifica margen para dinamizar la economía mediante mayor gasto público en infraestructura y un relajamiento monetario gracias a la baja inflación, rompiendo con su tradicional receta de austeridad.
EL FMI Y LA AGENDA LEGISLATIVA
Guatemala enfrenta un estancamiento económico que no se resolverá sin reformas institucionales profundas. El FMI identifica como prioridades clave mejorar el clima de negocios, aumentar la inversión pública, reformar el sistema político y fortalecer la gobernanza. Para lograrlo, propone una agenda legislativa que incluye simplificación aduanera, certeza jurídica, reforma electoral, fortalecimiento del sistema financiero y modernización del Servicio Civil y la Contraloría. El crecimiento económico sostenido depende de una acción legislativa valiente y coordinada.
ACERCA DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA
Las críticas recientes que afirman que la política macroeconómica de Guatemala está “agotada” ignoran que esta abarca mucho más que solo la política monetaria o cambiaria. Mientras que la política monetaria ha logrado cierta estabilidad, el resto de políticas macroeconómicas —como la fiscal, comercial o institucional— han sido mal gestionadas, desvirtuadas o completamente desatendidas. En lugar de promover el crecimiento y reducir la pobreza, el presupuesto ha sido usado para fines clientelares y cortoplacistas. El problema no es que las políticas estén agotadas, sino que nunca se han aplicado con visión ni coherencia.
MÁS ALLÁ DEL PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto del Estado 2017 en Guatemala refleja graves problemas estructurales, como la rigidez del gasto, el uso indebido del endeudamiento para gastos corrientes y la baja inversión en infraestructura. Sin embargo, rechazar su aprobación solo agravaría la crisis de gobernabilidad. Se necesita un diálogo fiscal serio para abordar las raíces del problema: mejorar ingresos, priorizar inversiones y aumentar la transparencia.
POR QUÉ TAN POCA INFRAESTRUCTURA
El “ADN Económico de Guatemala” del Banco Mundial subraya que, pese a su estabilidad macroeconómica, la economía guatemalteca crece muy poco debido a su baja productividad, especialmente por la escasa inversión en infraestructura. El sector construcción apenas representa el 3% del PIB, y su dinamismo es casi nulo. Aunque existe un marco legal para alianzas público-privadas, faltan proyectos bien estructurados y transparencia para atraer inversiones. Guatemala debe romper esta inercia para evitar que la pobreza y la fragilidad social se mantengan o agraven.
A REPONERSE DEL GOLPE
La agencia Fitch degradó la calificación de riesgo-país de Guatemala de BB+ a BB, alejándola aún más del grado de inversión y enviando una señal negativa a los mercados. Las causas principales de esta decisión fueron el bajo crecimiento económico, la limitada recaudación fiscal y la débil gobernabilidad. A pesar de ello, Guatemala conserva fortalezas importantes como su estabilidad macroeconómica y fiscal. El reto ahora es traducir esa estabilidad en políticas públicas efectivas que impulsen el desarrollo humano y físico, con liderazgo político dispuesto al diálogo y a construir consensos duraderos.
TIJERAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
La corrupción es un obstáculo crítico para el desarrollo de Guatemala, afectando desde la inversión hasta la calidad de los servicios públicos. Para combatirla se requiere una combinación institucional entre el Ministerio Público y la Contraloría, articuladas por la voluntad política de los tres poderes del Estado. Sin embargo, esta estructura necesita del empuje de una ciudadanía que rechace la impunidad. Los costos de la corrupción son abismales, estimados en miles de millones de quetzales anuales, y su impacto negativo es reconocido tanto por organismos nacionales como internacionales. La renovación de autoridades en 2014 fue vista como una oportunidad, pero solo con vigilancia ciudadana constante se puede lograr un cambio real.
MOTIVO DE ORGULLO
El éxito sin precedentes de Guatemala en los Juegos Panamericanos, con 15 medallas y una posición destacada en el medallero, refleja no solo el talento y la determinación de sus atletas, sino también el potencial impacto positivo de una inversión estatal sostenida en el deporte. En un contexto nacional marcado por el dolor y la incertidumbre, este logro colectivo ha ofrecido un alivio moral y una señal de que es posible alcanzar la excelencia cuando se combina esfuerzo, apoyo institucional y rendición de cuentas. La continuidad de estos avances exige más transparencia en el uso de fondos públicos y un compromiso real con el desarrollo deportivo como vía para cohesionar y elevar al país.
¿MEGA-PROYECTOS O MEGA-ILUSIONES?
Los megaproyectos anunciados durante el gobierno de Óscar Berger —entre ellos un nuevo aeropuerto, un anillo metropolitano y el saneamiento del lago de Amatitlán— quedaron en su mayoría inconclusos por falta de recursos y planificación realista. Su costo superaba el 80% del presupuesto estatal, evidenciando que eran más aspiraciones que proyectos ejecutables. Ante la limitada capacidad financiera del Estado, Guatemala debe priorizar inversiones sostenibles y recurrir a mecanismos como el endeudamiento controlado, las concesiones y las alianzas público-privadas. Para que estas sean exitosas, se requiere un marco legal moderno, instituciones sólidas de supervisión y transparencia. Solo así podrán transformarse las mega-ilusiones en obras concretas que impulsen el desarrollo nacional.
ESTABILIDAD, CRECIMIENTO Y EQUIDAD (II)
Aunque Guatemala mantiene estabilidad macroeconómica y bajo endeudamiento, el limitado gasto en infraestructura, salud y educación impide un desarrollo más equitativo. Reforzar la recaudación tributaria, reasignar recursos estratégicamente y apostar por la apertura comercial y la educación son pasos esenciales para consolidar el crecimiento y reducir la desigualdad.