VIOLENCIA E INTELIGENCIA
11/febrero/2008
LA VIOLENCIA URBANA REVELA LA URGENCIA DE INSTITUCIONALIZAR UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA CIVIL EFECTIVO EN GUATEMALA
En los últimos días, una terrible ola de violencia se desató en el área metropolitana, ensañándose en particular contra los conductores del transporte público y sus ayudantes. Estos hechos, atribuidos por las autoridades al crimen organizado, ponen de manifiesto la vulnerabilidad del Estado en materia de seguridad y la urgencia de adoptar políticas públicas de largo plazo en este campo que pasan, fundamentalmente, por la institucionalización de un sistema nacional de seguridad que coordine, priorice y conduzca de manera ordenada el accionar de las instituciones públicas en este ámbito.
La seguridad no depende solo de la policía, sino del Estado y la sociedad en su conjunto
La necesidad de emprender este tipo de reformas es evidente desde hace muchos años, y se ha plasmado en diversos compromisos públicos que van desde los Acuerdos de Paz (1996) hasta el Plan Visión de País (2006) sin que los avances, hasta ahora, sean satisfactorios. La reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil sigue siendo trabajo en proceso y, mientras tanto, la institución sigue siendo señalada de corrupción, negligencia o abusos. Tan malo como ello es la creencia generalizada de que la responsabilidad básica en seguridad corresponde únicamente a la policía, sin reconocer la necesaria participación activa del gobierno en su conjunto, de los tres poderes del Estado, así como de las comunidades y asociaciones ciudadanas.
Una pieza clave en esa articulación de esfuerzos en materia de seguridad consiste en hacer efectivo el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Civil –DIGICI-, como la entidad rectora de las actividades de inteligencia orientadas a recabar información para combatir estratégicamente el crimen organizado y la delincuencia común, dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Sin ese funcionamiento efectivo, los esfuerzos por combatir estos flagelos continuarán desgastando a la policía, tanto en términos de recursos como de reputación, sin que los resultados sean tangibles ni perdurables. La DIGICI, cuya ley constitutiva está vigente desde noviembre de 2005 pero sólo se ha cumplido muy parcialmente, debe fortalecerse mediante la instauración de un sistema nacional de inteligencia que coordine a todos los servicios de inteligencia estratégica (incluyendo la SAE e inteligencia militar), además de tener muy bien definidos su ámbito de acción, sus requisitos de carrera profesional y sus mecanismos de control, así como un presupuesto suficiente.
Lo anterior requiere, como punto de partida, contar con un marco legal que permita institucionalizar los sistemas nacionales de seguridad y de inteligencia. Al respecto, ya existe un proyecto de Ley Marco de Seguridad que, desde el año pasado, se encuentra en la etapa de tercera lectura en el pleno del Congreso, la cual contiene los consensos básicos sobre el establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad, que articule con eficiencia una política nacional de seguridad, y sobre la institucionalización y coordinación de un sistema de inteligencia civil para combatir el crimen organizado. La reciente ola de violencia subraya la necesidad ingente de emitir esa ley.
