RURALIDAD Y BIENES PÚBLICOS
27/junio/2011
SIN BIENES PÚBLICOS NO HABRÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE A LA POBREZA RURAL EN GUATEMALA
Ocasionalmente vale la pena dar una mirada a las publicaciones del exterior en las que se menciona a Guatemala, ya que suelen aportar una visión fresca de la realidad nacional que, a veces, puede ser útil para diagnosticar mejor nuestros problemas e identificar sus posibles soluciones. Otras veces, sin embargo, algunas de estas publicaciones no logran profundizar en el análisis ni aportan elementos útiles para comprender nuestra compleja realidad.
En este último caso se enmarca el artículo titulado “Guatemala: el hambre de muchos enriquece a unos pocos”, escrito por Gonzalo Fanjul de Intermón-Oxfam de España y publicado en la versión electrónica del diario El País el 14 de junio pasado. En su artículo, Fanjul señala, atinadamente, la terrible paradoja guatemalteca: un país que dista mucho de estar entre los más pobres del mundo y con grandes potencialidades productivas pero que, al mismo tiempo, muestra unos vergonzosos indicadores de pobreza, entre los que destacan los índices de desnutrición infantil (similares a los de los países más pobres de África).
La pobreza en Guatemala no se resuelve con soluciones mágicas, sino con educación, salud e infraestructura
Es difícil no concordar con Fanjul en que el hecho de que cuatro de cada diez niños guatemaltecos padezca de algún grado de desnutrición es intolerable y amerita una respuesta urgente del gobierno y la ciudadanía. Menos convincentes –aunque respetables como argumentos- resultan los pareceres políticos expresados en el referido artículo: Fanjul opina que el problema central de la desnutrición radica en la excesiva concentración de la propiedad de la tierra (que califica de “feudal”), que las élites económicas han impuesto un modelo exportador latifundista, que las “grandes compañías” perjudican a los campesinos al ponerlos en desventaja mediante acuerdos comerciales como el CAFTA, etcétera.
Lo que sí resulta desconcertante del artículo son sus recomendaciones de tipo, vale decir, más técnico, bastante superficiales ellas y que desdicen mucho de la experiencia de más de 20 años que Fanjul dice tener como activista contra la pobreza. Básicamente, y sin proporcionar mayores argumentos, Fanjul propone que el Estado trate a la agricultura campesina como un “sector estratégico” (y que los recursos financieros públicos se orienten en esa vía) y que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral diseñada por el actual gobierno. Ambas propuestas tienen severas debilidades. Por una parte, el tema de declarar “sectores estratégicos” y de otorgar subsidios a los productores agrícolas es una práctica que no sólo ha mostrado ser inefectiva sino que ha contribuido al deterioro económico de varios estados europeos que los tiene al borde de una grave crisis económica. Por otra, la famosa Ley de Desarrollo Rural Integral (que muy probablemente Fanjul nunca ha leído) es un conjunto de aspiraciones y planteamientos, poco armonizados y poco realistas, que difícilmente contribuyen a resolver los verdaderos problemas que subyacen a la pobreza rural y la desnutrición crónica.
La desnutrición y el hambre son un problema que, si bien nos debe avergonzar a todos los guatemaltecos, tiene múltiples causas que pasan necesariamente por la falta de productividad sistémica y la ausencia del imperio de la ley, problemas estos que requieren más que buen corazón y soluciones mágicas para resolverse. Desde la perspectiva de las políticas públicas, el problema fundamental de la ruralidad en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales, que aumenten la productividad de la economía campesina y permitan sacar de la pobreza a la población, especialmente a la indígena.
La situación paradójica de la pobreza rural en Guatemala se explica, en gran medida, porque existe una enorme ausencia de bienes públicos esenciales: educación básica, salud, infraestructura física, seguridad pública y cortes de justicia confiables. Esa escasez de dichos bienes se convierte en un obstáculo fundamental para que exista un adecuado clima de negocios, para que surjan empresas campesinas, y para que se desate la inversión en el campo, todo lo cual genera desarrollo económico. Lejos de buscar soluciones mágicas o instantáneas a los apremiantes problemas que desembocan en la pobreza rural, los esfuerzos del Estado (incluyendo los fiscales) deberían centrarse en la provisión de tales bienes públicos esenciales.
