EMERGENCIA NACIONAL

09/septiembre/2009

LAS SOLUCIONES MÁGICAS NO SUSTITUYEN UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La crisis alimentaria actual, como ha sido el caso en las frecuentes crisis que suelen aquejar a Guatemala, ha despertado el ingenio de ciertos dirigentes. Empiezan ya a surgir toda clase de sugerencias ante la problemática de la desnutrición aguda. Se repite el patrón al que se hizo referencia en esta columna la semana pasada, caracterizado por la búsqueda de la piedra filosofal que proporcione soluciones instantáneas, lo que se traduce en propuestas improvisadas de toda índole como, por ejemplo, subsidiar a los productores de maíz (sin pensar que ello en nada contribuiría a protegerse contra las sequías), diseñar programas de fortalecimiento de la economía campesina (cuando hace años existe un acuerdo multipartidario sobre políticas de desarrollo rural), o crear un nuevo Ministerio de Desarrollo Social (sin intentar primero eficientar el trabajo de las múltiples entidades que ya existen). El síndrome del alquimista contagió también a algunos embajadores acreditados en el país, quienes la semana pasada propusieron que se declarase estado de emergencia nacional para combatir la crisis alimentaria.

Otra vez se pretende encontrar remedios de última hora para atacar los problemas más graves. Y, de nuevo, no parece haber conciencia de que, en vez de ello, lo que hay que hacer es aplicarse y gestionar los instrumentos e instituciones que ya existen para tales efectos. La medida idónea contra los efectos alimentarios de una sequía ha sido siempre el contar con un efectivo sistema de alertas tempranas, mismo que fue creado en 2005 con la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-. Lamentablemente dicho sistema no se aplicó adecuadamente, se desatendió y sucedió lo que está ocurriendo en el Corredor Seco de Oriente y en otras áreas del país. No se trata, pues, de un asunto que requiere encontrar nuevas soluciones, sino de ejercer una adecuada administración pública para aplicar las herramientas que ya existen. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, en su reciente visita a Guatemala reconoció que dicho Sistema era el mecanismo adecuada para prevenir este tipo de crisis y que había que fortalecerlo dentro de la institucionalidad del Estado.

En cuanto a la posibilidad de declarar estado de emergencia nacional, la propia ley del SINASAN establece explícitamente (artículo 17) que “el CONASAN podrá aprobar planes estratégicos y operativos coyunturales para enfrentar problemas graves de desnutrición y hambre en poblaciones identificadas como de inseguridad alimentaria y nutricional, debiendo solicitar al Congreso de la República por conducto de la SESAN emitir las resoluciones correspondientes que permitan orientar los recursos de las instituciones que lo integran sin que para ello se declare estado de emergencia en las comunidades que sean identificadas”.

La declaración de estados de emergencia o prevención en el territorio nacional, aunque puede ser excepcionalmente necesario, tiene una serie de inconvenientes, como el hecho de que en tales estados se dejan de aplicar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones del gobierno, además de que favorecen la cultura de la improvisación sin contribuir a la consolidación de soluciones de largo plazo ni al fortalecimiento institucional del país.

El verdadero desafío no es encontrar nuevas soluciones, sino aplicar correctamente las que ya existen