PRIORIZANDO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO
28/abril/2008
PRIORIZAR LAS POLÍTICAS CLAVE ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Existe una gran cantidad de factores, condiciones y políticas que contribuyen al desarrollo económico de un país; por ejemplo, una buena infraestructura, estabilidad macroeconómica, un adecuado capital humano, el imperio de la ley, la armonía social, etcétera. Sería ideal impulsar políticas públicas que simultáneamente consiguieran progresos en cada una de esas áreas. Sin embargo, dado que los recursos financieros del Estado son limitados, y que limitado es también el capital político de cualquier gobierno para impulsar una gran gama de políticas públicas, se hace imprescindible priorizar la ejecución de aquellas políticas que sean más efectivas para conseguir el ansiado desarrollo.
Para lograr dicha priorización existe el Modelo de Diagnóstico de Crecimiento, propuesto en 2005 por los economistas Ricardo Hausmann, Dani Rodrik y Andrés Velasco (de la Universidad Harvard) que ayuda a identificar cuáles de los múltiples factores que restringen el crecimiento de una economía son los más vinculantes y cuya remoción, por ende, genera más rendimientos en términos de crecimiento. Este modelo utiliza un árbol de decisiones para identificar los problemas básicos de una economía y aplicarles una serie de pruebas basadas en amplia información que permiten identificar, priorizar y poner en secuencia las políticas de gobierno que se orienten a superar los factores que más restringen el crecimiento del país.
El Banco Interamericano de Desarrollo –BID- comisionó a los economistas Daniel Artana, Sebastián Auguste y Mario Cuevas para que aplicaran el referido modelo al caso de Guatemala. El estudio resultante, publicado por el BID en octubre de 2007, identifica al bajo nivel de inversión privada como el problema básico que restringe el crecimiento económico y, a partir de allí, señala las tres áreas clave en las que debiese centrarse la acción del Estado. Una es la necesidad de mejorar la calidad del capital humano, particularmente en materia de educación y salud. Otra es el aumento cuantitativo y cualitativo de la inversión en infraestructura, particularmente la relativa a carreteras y provisión de agua potable. Y la tercera es la necesidad de fortalecer el estado de derecho y de reducir la criminalidad.
El estudio del BID ve con cierto pesimismo la posibilidad de que el Estado guatemalteco logre aplicar políticas enfocadas en estas tres áreas prioritarias pues identifica que existe un círculo vicioso de difícil ruptura: el gobierno no logra recolectar suficientes recursos para proveer servicios públicos en estas áreas; la falta de tales servicios públicos desincentiva la formalización de muchos negocios; y, la consecuente prevalencia de la informalidad dificulta, a su vez, la recaudación de impuestos. No obstante ello, el estudio estima que deben hacerse esfuerzos no sólo para mejorar los ingresos fiscales sino que, para que estos sean sostenibles, deben implementarse medidas que le aseguren a los contribuyentes que el gasto público se concentra en los sectores clave (educación, salud, seguridad e infraestructura) y se ejecuta con eficiencia y sin corrupción, lo que requerirá de serias reformas en la institucionalidad del Estado en cuanto a la ejecución presupuestaria y su rendición de cuentas.
Dado que los recursos financieros del Estado son limitados, se hace imprescindible priorizar la ejecución de aquellas políticas que sean más efectivas para conseguir el ansiado desarrollo
