LOS COSTOS DE COMBATIR EL NARCOTRÁFICO
24/mayo/2008
LOS ALTOS COSTOS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS
Son perniciosas las consecuencias que, a nivel personal, familiar y comunitario, ocasiona la decisión individual de quienes optan por consumir drogas prohibidas. Tales consecuencias son las que se esgrimen como argumento central para justificar la prohibición de consumir esas sustancias y de utilizar la fuerza del Estado para combatir su ilícito comercio. Sin negar la validez de esta justificación, vale la pena contrastarla con los costos económicos (y políticos) que la prohibición de consumir drogas y el combate al narcotráfico representan para los países en vías de desarrollo.
Un estudio publicado en marzo pasado por el Banco Mundial, cuyo título en español sería “Ilegalidad del Tráfico de Drogas: su Impacto en el Desarrollo”, ilustra con crudeza técnica algunas consecuencias negativas que la guerra contra las drogas tiene sobre nuestros países. Aunque reconoce que la prohibición de las drogas puede conllevar beneficios, el estudio estima que estos son mucho menores que los costos en que los países incurren para hacer cumplir dicha prohibición.
Destaca el hecho de que la gran demanda de drogas, originada principalmente en los países industrializados, crea la posibilidad de enormes utilidades para los potenciales proveedores. Dada la prohibición, estos no se organizan libremente ni bajo el amparo de la ley, sino que forman organizaciones criminales que utilizan la violencia y la corrupción como medios de supervivencia y expansión. En Guatemala sabemos que esto plantea un costoso reto para un Estado que ve gravemente amenazadas su seguridad pública y su estabilidad social.
La prohibición de las drogas puede conllevar beneficios, pero estos son mucho menores que los costos en que los países incurren para hacer cumplir dicha prohibición
La ilegalidad de las drogas, según el estudio, también implica la expropiación de los activos y recursos empleados para producir y comerciar la droga, lo que se traduce en el traslado de riqueza de los países pobres a los ricos, o de los pequeños campesinos cultivadores de droga a los millonarios capos del narcotráfico. Asimismo, el hecho de que las drogas sean ilegales eleva los costos de la salud pública, pues impide que los gobiernos establezcan controles de calidad del producto o desarrollen esfuerzos para tratar a los adictos y reducir los contagios asociados al consumo de drogas.
Dados los elevados costos que para nuestros países representa la guerra contra las drogas, sería lógico esperar que las principales naciones consumidoras aplicaran decididamente políticas que nos compensaran los referidos costos, incluyendo medidas tales como la apertura de sus mercados, el desembolso de recursos abundantes para fortalecer la fuerza pública y el estado de derecho en nuestras tierras, o programas de acogida a nuestros emigrantes que sólo buscan trabajar y progresar. La realidad, sin embargo, pareciera operar en sentido contrario: el Congreso de Estados Unidos se resiste a aprobar un tratado de libre comercio con Colombia; la Cámara Baja estadounidense redujo en 20% los fondos de la Iniciativa de Mérida de apoyo a México y Centroamérica para combatir el narcotráfico; y, la persecución contra los emigrantes se torna cada vez más feroz, como en las recientes redadas en Iowa. Así, no resulta fácil mantener elevada la moral en esta guerra.
