PRAGMATISMO VERSUS DOGMATISMO
05/diciembre/2011
SIN PRAGMATISMO Y DIÁLOGO TÉCNICO NO HAY FUTURO PARA EL DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA
El tema del desarrollo rural no sólo es apasionante y complejo (como lo atestiguan los comentarios de lectores a esta columna la semana anterior), sino que es, ante todo, un elemento fundamental que determinará la viabilidad económica y la gobernabilidad de Guatemala. Por ello resulta de suprema importancia que se definan políticas públicas de largo plazo, preferentemente a través de un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos concretos.
Dichos acuerdos implican la existencia de ciertos consensos mínimos que deben lograrse en un marco de pragmatismo respaldado con sólidos fundamentos técnicos. En el pasado, los consensos políticos han sido difíciles de lograr (especialmente en un área tan espinosa como la del desarrollo rural) porque las partes del debate han tendido a considerar que su interlocutor no solamente estaba equivocado, sino que tenía intenciones perversas. En nada contribuye que, dogmáticamente, se acuse a quienes favorecen la productividad y la empresarialidad como vías para lograr el desarrollo de ser unos ultraconservadores enemigos de la democracia que sólo quieren explotar a los trabajadores o, del otro lado, acusar a quienes prefieren el impulso de la economía campesina y los programas sociales de ser radicales izquierdistas enemigos del mercado y de la propiedad privada.
Aquí es donde cobran importancia propuestas como la de IPNUSAC-IARNA (comentada la semana pasada) que, con todo y sus falencias, pueden constituir una plataforma para definir las políticas prioritarias que urge impulsar en materia de desarrollo rural. Desde este punto de vista resulta oportuno insistir en dos aspectos cruciales que deben incorporarse a un diálogo sobre la materia con una orientación pragmática: invertir en la capacidad productiva del sector agropecuario y mejorar la forma en que operan los mercados agrícolas.
El desafío no es ideológico, es técnico: sin mercados ni inversión productiva, el campo seguirá estancado
Por un lado, la inversión pública en el área rural es esencial para que la productividad (que hoy en día es dramáticamente baja) se incremente de forma sostenida. Por el otro, el dinero público invertido en lo rural rendirá frutos únicamente si contribuye a mejorar el acceso de los agricultores al mercado de productos: la falta de mercados confiables es una de las mayores barreras al desarrollo rural pues, sin mercados, los agricultores (grandes y pequeños) carecen de incentivos para producir más.
De manera que las políticas públicas de desarrollo rural deben incluir la construcción de vías de acceso, así como medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados locales como, por ejemplo, el acceso a información confiable sobre precios o la habilitación de silos para granos básicos. También podrían incluirse, con carácter temporal, medidas como el subsidio a semillas mejoradas o a la adquisición de fertilizantes cuando los mercados locales fallen en la provisión de tales bienes. Asimismo, el reordenamiento institucional que aumente la eficiencia del Estado y fomente la participación ciudadana y comunitaria. Y, sobre todo, el acceso a mejor tecnología (irrigación, semillas, pesticidas, etcétera) deben ser componentes centrales de tales políticas.
Entre los enemigos de este conjunto de políticas pragmáticas se cuentan el dogmatismo y el maximalismo que se atrinchera en muchas propuestas que pululan en el medio, como la iniciativa de ley 4084. Por ejemplo, la idea de la “soberanía alimentaria” (en contraposición al concepto de “seguridad alimentaria”) puede ser contraproducente; no porque sea mala idea que un país (si tiene las ventajas competitivas para producir sus propios alimentos) se esfuerce en lograr dicha soberanía, sino porque el tema se está convirtiendo en una excusa retórica para regresar al proteccionismo y retroceder en materia de libre comercio. La experiencia de muchos años en gran número de países demuestra que la búsqueda a toda costa de la soberanía alimentaria sólo conduce a un enorme desperdicio de recursos que en nada contribuye al desarrollo rural.
La urgente aplicación de una agenda pragmática para el desarrollo rural requiere superar la retórica reivindicativa y el dogmatismo ideológico, lo que pasa por un diálogo serio basado en datos y propuestas técnicas que ya existen. Ojalá que el nuevo gobierno esté en capacidad de impulsarlo y exista en los grupos interesados la madurez para lograrlo.
