DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
24/mayo/2010
UNA LEY NO BASTA PARA TRANSFORMAR EL CAMPO GUATEMALTECO
Guatemala es uno de los países menos urbanizados del Hemisferio Occidental, y la situación en el área rural es precaria. Las zonas rurales, pobladas mayoritariamente por pueblos indígenas, muestran los peores índices de pobreza: el 38 por ciento de la población indígena rural subsiste con un ingreso menor al equivalente de un dólar al día; en muchas regiones prevalecen situaciones de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica infantil; la diversidad ambiental y cultural del país está mal aprovechada y peor entendida.
Por si todo lo anterior fuera poco, la institucionalidad estatal que debería combatir estos indicadores vergonzosos muestra una escandalosa dispersión de esfuerzos, una muy escasa coordinación entre la miríada de entidades públicas relacionadas con la ruralidad, y una notable ausencia de políticas coherentes enfocadas al desarrollo rural sostenible.
Una ley para el desarrollo rural es necesaria, pero la misma debe ser realista, responsable y cumplible
Aunque ciertos funcionarios y algunos empresarios no lo quieran ver así, la situación descrita demanda que se aplique un conjunto coherente de políticas públicas intertemporales para la transformación rural que propicien el desarrollo humano mediante el fomento de la empresarialidad, el desarrollo de las micro y pequeñas empresas conforme a las ventajas comparativas de las áreas rurales, y el tránsito de unidades de producción de subsistencia a unidades excedentarias efectivamente vinculadas a los mercados.
Ahora bien, peca de ingenuo quien crea que esa compleja aglomeración de problemas puede ser superada mediante la aprobación de una ley, así como peca de perverso quien embauca a los ingenuos haciéndoles creer que con una ley van a ser resueltas las demandas y necesidades insatisfechas que datan de generaciones atrás. De manera que algo de ingenuo y algo de perverso puede verse en algunos de los esfuerzos que diversos grupos sociales están haciendo para promover la iniciativa de ley 4084, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral.
Para muestra un botón. En un folleto, bellamente editado y lujosamente impreso titulado “Para Cosechar Presente y Futuro: Ley de Desarrollo Rural Integral, ¡Exijamos su Aprobación!”, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral –ADRI- afirma que la referida ley ayudará a los campesinos “en el objetivo de la redistribuición de la tierra y otros medios para producir”, sin olvidarse de proclamar alegremente que “¡la Madre Tierra no se compra ni se vende, se recupera y se defiende!”.
Lo que olvidan mencionar los impulsores de esa iniciativa es que la misma amenaza con dar un golpe mortal al Sistema de Consejos de Desarrollo y al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ambos instrumentos (potencialmente útiles para el desarrollo rural) de por sí socavados por años de irresponsable politiquería. Tampoco indican que la referida iniciativa implica altos costos fiscales, a la vez que levanta banderas ideológicas y despierta exageradas expectativas que, cuando inevitablemente fracasen por irreales, únicamente aumentarán la frustración y el descontento de los pobladores del área rural.
Una ley para el desarrollo rural es necesaria, pero la misma debe ser realista, responsable y cumplible, de manera que su aprobación e implementación abonen a una mejora sostenible del nivel de vida de los habitantes del área rural y contribuya a preservar la gobernabilidad del país. La iniciativa 4084 simplemente no es esa ley.
El Congreso de la República deberá esforzarse en diseñar y aprobar una ley que de verdad coadyuve al desarrollo rural sostenible. Para el efecto convendría que se enfocara en mejorar la coordinación de las instituciones públicas encargadas del área rural, en procurar su adecuada articulación con sectores de la sociedad, en establecer los principios que deben orientar las políticas de desarrollo rural y en reordenar la estructura institucional del sector. Lo demás es sólo retórica que exacerba pasiones, alimenta la ingobernabilidad y debilita el estado de derecho.
