AMNESIA ECONÓMICA
El texto advierte sobre una “amnesia económica” que está resurgiendo en todo el mundo, haciendo olvidar las lecciones del pasado sobre los riesgos del populismo y las políticas proteccionistas. Estas medidas, que incluyen controles de precios, intervenciones políticas en bancos centrales y gasto público excesivo, ponen en peligro la estabilidad económica y el crecimiento sostenible. En el contexto electoral, esta tendencia se agrava por la tentación de ofrecer subsidios y dádivas para ganar votos, comprometiendo las finanzas públicas y la confianza internacional. Guatemala, con su reconocida estabilidad macroeconómica, debe proteger esa reputación evitando decisiones populistas y manteniendo la disciplina fiscal y la independencia de sus instituciones económicas.
RIESGOS ECONÓMICOS EN EL AÑO ELECTORAL
Los años electorales traen consigo incertidumbre y cautela en los mercados, generando una desaceleración en la inversión y el consumo. Aunque el gasto en campañas y obras públicas puede estimular temporalmente la economía, los verdaderos riesgos surgen de la tentación política de aplicar medidas populistas para ganar votos. El aumento del gasto público, los subsidios y las presiones sobre variables como el tipo de cambio o los impuestos pueden poner en peligro la estabilidad macroeconómica. En un contexto internacional complejo y con riesgo de recesión global, las autoridades económicas deben priorizar la responsabilidad fiscal y resistir las presiones políticas para mantener la confianza y la estabilidad del país.
RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL
El análisis del Centro de Estudios Internacionales UC identifica los principales riesgos políticos en Latinoamérica, muchos de los cuales afectan directamente a Guatemala. Entre ellos destacan el crimen organizado, el deterioro democrático, la fragmentación política, la crisis migratoria y la inseguridad alimentaria. También preocupan la desinformación, la pérdida de competitividad y la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos. Estos factores, combinados con un contexto electoral y económico incierto, demandan que el Estado, las empresas y la sociedad civil adopten estrategias efectivas de gestión de riesgos. Solo anticipando y mitigando estas amenazas podrá el país enfrentar con solidez un entorno marcado por la volatilidad y la fragilidad institucional.
LAS ELECCIONES Y SUS DESAFÍOS INSTITUCIONALES
El actual proceso electoral enfrenta graves riesgos de credibilidad y transparencia por las deficiencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no fueron corregidas tras 2019. El TSE intenta paliar vacíos por vía reglamentaria, pero persisten desafíos como la transmisión de datos, la confusa definición de campaña anticipada y la regulación ineficiente de la propaganda y los aportes financieros. A nivel estructural, destacan la baja representatividad de los congresistas y la débil gobernanza del TSE. Urge que la próxima legislatura reforme la ley para asegurar elecciones más claras, equitativas y confiables, evitando repetir en 2027 las mismas incertidumbres institucionales.
CIVILIZACIÓN, CULTURA Y GENEROSIDAD
La suspensión prolongada de clases presenciales durante más de dos años ha dejado secuelas graves en el sistema educativo guatemalteco. Los niños y jóvenes, especialmente los de menores recursos, perdieron aprendizajes fundamentales debido a la baja efectividad de la educación virtual. El país ya enfrentaba altos niveles de analfabetismo, deserción y bajo rendimiento académico antes de la pandemia, problemas que ahora se han agravado. A pesar del aumento del gasto en educación, los recursos se destinan principalmente a salarios sin mejorar la calidad. Guatemala necesita una transformación educativa integral basada en infraestructura, capacitación docente, digitalización y coordinación intersectorial para evitar que el “apagón educativo” condene a una generación a la exclusión social y productiva.
¿UNA GENERACIÓN PERDIDA?
La suspensión prolongada de clases presenciales durante más de dos años ha dejado secuelas graves en el sistema educativo guatemalteco. Los niños y jóvenes, especialmente los de menores recursos, perdieron aprendizajes fundamentales debido a la baja efectividad de la educación virtual. El país ya enfrentaba altos niveles de analfabetismo, deserción y bajo rendimiento académico antes de la pandemia, problemas que ahora se han agravado. A pesar del aumento del gasto en educación, los recursos se destinan principalmente a salarios sin mejorar la calidad. Guatemala necesita una transformación educativa integral basada en infraestructura, capacitación docente, digitalización y coordinación intersectorial para evitar que el “apagón educativo” condene a una generación a la exclusión social y productiva.
EL MITO DE LA FALTA DE RECURSOS
El rezago en infraestructura limita la competitividad de Guatemala más por ineficiencia institucional que por falta de financiamiento. Aunque el presupuesto estatal ha crecido con ampliaciones millonarias desde 2020, los recursos no se han traducido en obras concretas. La baja ejecución refleja debilidad en las tres fases del ciclo de inversión pública: planificación, asignación e implementación. La solución no depende solo de reformas estructurales de largo plazo, sino también de medidas inmediatas como crear un fondo fiduciario exclusivo para infraestructura, gestionado con reglas claras y transparencia. Aprovechar los excedentes fiscales de forma estratégica permitiría iniciar proyectos clave y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible de inversión pública.
NO HAY QUE DESENTENDERSE
Guatemala enfrenta un 2023 lleno de desafíos económicos y políticos marcados por la amenaza de recesión global, inflación persistente y tensiones geopolíticas. Aunque el país ha demostrado resiliencia macroeconómica, su crecimiento sigue siendo lento y sus indicadores sociales rezagados. Para avanzar, es crucial fortalecer la democracia y mantener la apertura económica, evitando el aislacionismo y el populismo fiscal. El sistema democrático, construido con esfuerzo desde los años ochenta, muestra signos de desgaste que requieren atención inmediata. La participación ciudadana, la responsabilidad política y la cooperación entre gobierno, empresas y sociedad civil son fundamentales para consolidar una nación estable, próspera y plenamente integrada en la economía global.
LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS
Las microfinanzas continúan siendo una vía efectiva para mejorar la vida de personas y comunidades de bajos ingresos, especialmente mujeres, microempresas y campesinos, al brindar acceso a servicios financieros que el sistema tradicional no ofrece. La pandemia y la inflación global han generado desafíos significativos, afectando la capacidad productiva, el endeudamiento familiar y la fluidez de las cadenas de suministro. La digitalización se perfila como una herramienta clave para la innovación, mientras que la educación financiera de los usuarios es indispensable para un uso responsable de los recursos. Para lograr un impacto sostenible, se requiere también un marco regulatorio y políticas públicas que faciliten el acceso a financiamiento de calidad.
PRESUPUESTO IMPRUDENTE
El Congreso aprobó un presupuesto para 2023 de Q117.7 millardos, inflado por aumentos y ampliaciones no técnicas que elevarán el déficit fiscal a Q22.2 millardos, equivalente al 2.9% del PIB. Los recursos adicionales se destinarán a gastos improductivos, agravando el endeudamiento y comprometiendo la estabilidad económica. Esta expansión deficitaria contradice la prudencia que exige el contexto inflacionario global y amenaza la reputación macroeconómica del país. Más que mala fe, la decisión revela una profunda ignorancia en materia de economía y política fiscal dentro del Congreso, reflejo de una “edad de la ignorancia” donde el desprecio al conocimiento técnico se impone sobre la responsabilidad económica.
¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?
El gasto en remuneraciones representa más del 28% del presupuesto nacional, pero el Estado carece de datos exactos sobre cuántos empleados públicos tiene, en qué renglón se encuentran o en qué instituciones laboran. Esta falta de control convierte la gestión del recurso humano en un caos administrativo y un riesgo financiero latente. Los intentos de censos anteriores resultaron ineficaces y obsoletos. La solución pasa por modernizar los sistemas de registro, imponiendo el uso obligatorio y público de GUATENÓMINAS bajo estándares internacionales. Además, las entidades fiscalizadoras deben exigir datos actualizados sobre salarios y personal. Sin información confiable, el Estado seguirá operando con opacidad e ineficiencia estructural.
EL AGUJERO NEGRO
El régimen de jubilaciones de los empleados públicos representa un grave riesgo para las finanzas nacionales debido a su déficit estructural, falta de control y opacidad en la gestión. El sistema de Clases Pasivas Civiles opera con reservas negativas y depende del presupuesto estatal para cubrir pagos, agravado por registros inexactos, pensiones indebidas y absorción de otros regímenes. Aunque el proyecto de Presupuesto 2023 reconoce este riesgo, contradice su propio diagnóstico al incluir un aumento de Q600 millones en jubilaciones sin estudios técnicos. Urge una auditoría integral del número real de empleados públicos, un estudio actuarial del sistema y reformas legales que garanticen su sostenibilidad fiscal a largo plazo.
UN QUETZAL QUE SUBE Y BAJA
El reciente aumento del tipo de cambio del quetzal a 7.94 por dólar ha generado inquietud innecesaria, pese a que la volatilidad es normal en sistemas cambiarios flexibles. Las causas son claras: internamente, el alza de importaciones, la estacionalidad navideña y la brecha de tasas de interés reducen la oferta de divisas; externamente, el dólar se ha fortalecido globalmente, alcanzando su mayor nivel en dos décadas. Ante ello, las autoridades deben comunicar con transparencia las razones técnicas, evitar intervenciones apresuradas y preservar las reservas internacionales. La clave es mantener la prudencia monetaria y dejar que el tipo de cambio fluctúe conforme a los fundamentos económicos.
REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE
El uso de fondos públicos con fines políticos ha generado serias presiones fiscales en Guatemala. Bonos, subsidios y leyes como la de veteranos —que costará Q9.6 millardos en tres años— ejemplifican una práctica recurrente que pone en peligro la estabilidad macroeconómica. Aunque presentadas como políticas sociales, estas medidas suelen ser improvisadas y electoralistas, sin análisis técnico ni sostenibilidad. Para evitar repetir errores y proteger las finanzas públicas, se requiere crear una instancia técnica en el Congreso que evalúe el impacto fiscal y macroeconómico de toda iniciativa que implique gasto estatal. Sin una regulación responsable, el país se arriesga a futuras crisis o a mayores impuestos.
REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE
La costumbre de usar fondos públicos para fines electoreros ha generado graves consecuencias fiscales en Guatemala. Subsidios, bonos y transferencias —como la reciente ley de veteranos, que costará Q9.6 millardos en tres años— ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Estas medidas, presentadas como apoyo social, aumentan el gasto sin respaldo técnico ni sostenibilidad, repitiendo patrones que solo benefician a corto plazo. Se necesitan mecanismos institucionales dentro del Congreso que analicen el impacto fiscal de cada iniciativa que use recursos públicos, tal como ocurre en otros países. Sin una gestión ordenada y técnica, estas políticas populistas pueden conducir a crisis fiscales inevitables.
¿GASTAR MÁS O GASTAR MEJOR?
El Congreso impulsa una nueva Ley de Adquisiciones del Estado con un proceso acelerado que amenaza con debilitar los mecanismos de transparencia. Aunque las reformas buscan mayor agilidad en las contrataciones públicas, también eliminan controles clave como los certificados de disponibilidad presupuestaria y amplían las excepciones para compras directas municipales. Esta tendencia, sumada al incremento del gasto destinado a alcaldías y Consejos de Desarrollo, plantea riesgos de corrupción y uso ineficiente de los recursos. Aprobar una ley tan trascendental sin el debate técnico y ciudadano adecuado podría generar más opacidad que eficiencia. La urgencia política no debe sustituir la responsabilidad legislativa.
TRANSPARENCIA Y CLIMA DE NEGOCIOS
Las decisiones de inversión ya no dependen solo de factores económicos, sino de la calidad de la gobernanza, la sostenibilidad social y la transparencia institucional. Según Eric Farnsworth, Guatemala enfrenta una oportunidad histórica con el nearshoring y friendshoring, pero solo podrá aprovecharla si fortalece el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la infraestructura y el capital humano. Los inversionistas buscan entornos confiables y éticos, por lo que la corrupción y la debilidad institucional son barreras críticas. Farnsworth propuso medidas audaces como impulsar la digitalización del Estado, financiar la seguridad y avanzar hacia la incorporación al USMCA. La ventana de oportunidad es corta, y aprovecharla exige liderazgo, integridad y acción inmediata.
LA CRISIS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
El debilitamiento de los derechos de propiedad en Guatemala amenaza las bases mismas de la economía de mercado. Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, el país cayó al puesto 103 de 129, con deficiencias notables en el Estado de Derecho, control de la corrupción y registros de propiedad. Las causas principales son la ineficiencia judicial, la vulnerabilidad de los registros frente a estructuras criminales y la lenta modernización catastral. Para revertir esta crisis, es urgente reformar el sistema de justicia, vincular el Registro de la Propiedad con el RIC y crear una política criminal contra el despojo de bienes. Solo así podrá garantizarse la seguridad jurídica y la prosperidad económica.
LOS DÉFICITS FISCALES SÍ IMPORTAN
Tras el fuerte déficit fiscal provocado por la pandemia en 2020, ha resurgido en Guatemala la peligrosa idea de que aumentar el gasto público “un poco más” no tiene consecuencias. Sin embargo, los déficits prolongados generan inflación, encarecen el crédito y debilitan la estabilidad económica. Aunque en 2021 el país corrigió su déficit de forma ejemplar —algo reconocido por el FMI y calificadoras de riesgo—, el desafío ahora es mantener esa disciplina ante la tentación política del año electoral. Sostener la prudencia fiscal y resistir presiones populistas resulta crucial para preservar la credibilidad macroeconómica y proteger el bienestar futuro de la población.
LIBERTAD, SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD
La Economía Social de Mercado (ESM) busca equilibrar la eficiencia del mercado con la equidad social y la democracia, respetando las libertades individuales y garantizando la dignidad humana. En Guatemala, aunque la Constitución refleja muchos de sus principios, la ESM no se ha consolidado por falta de claridad política e institucional. Si bien el país mantiene estabilidad macroeconómica, sus debilidades institucionales y de gobernanza impiden un orden económico eficiente y justo. Para avanzar, se requiere fortalecer las políticas de ordenamiento, consolidar el marco jurídico y promover liderazgos comprometidos con la creación de instituciones sólidas que aseguren productividad, competitividad y cohesión social.