HAMBRE Y VERGÜENZA
04/septiembre/2004
LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y LOS BROTES DE HAMBRUNA DEMANDAN POLÍTICAS EFECTIVAS Y ACCIÓN OPORTUNA DEL ESTADO
No basta con tener políticas y programas bien diseñados si su aplicación efectiva falla cuando la población más vulnerable lo necesita
La desnutrición crónica y la hambruna son dos problemas diferentes: aunque ambos están ciertamente vinculados, la desnutrición crónica se deriva de causas de carácter estructural resultantes de una compleja interacción en el tiempo de factores tales como inadecuados patrones de producción de alimentos, escaso poder adquisitivo, y prácticas alimenticias inadecuadas en los hogares. Una hambruna, en cambio, es un fenómeno crítico resultante de la confluencia, también compleja, de elementos detonantes durante un período relativamente corto. El combate a la desnutrición entraña esfuerzos de largo plazo cuyos resultados, comprensiblemente, no son inmediatos. En cambio, la ocurrencia de un brote de hambruna, por pequeño y focalizado que sea, debe ser un intolerable motivo de vergüenza para cualquier sociedad democrática.
Una de las más célebres aserciones de Amartya Sen, premio Nobel de Economía (1998), es que “ninguna hambruna en la historia de la humanidad ha ocurrido en una democracia funcional”, es decir que tal cosa no puede suceder en un país donde existe libertad de expresión (y, con ella, capacidad de sonar oportunamente las alarmas) y un gobierno electo que debe rendir cuentas de su interés por la población y de su grado de control sobre el territorio a su cargo. Quizá la definición teórica de hambruna (episodio en el que se produce un número significativo de muertes a causa de inanición –no de desnutrición-), no sea claramente aplicable a la crisis alimentaria acaecida en 53 comunidades del municipio de La Unión, Zacapa, pero resulta innegable que las escenas de sufrimiento reportadas por la prensa dan cuenta de lacerantes penurias en un lugar no tan remoto de nuestro territorio que no pueden dejarnos impávidos.
En Guatemala existe, establecido por ley, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como una bien diseñada Política integral sobre la materia, cuya labor de seguimiento está a cargo de una Secretaría de gobierno. También se cuenta con un buen programa de apoyo integral a las madres y niños pequeños –Creciendo Bien- que, extrañamente, no está formalmente integrado al Sistema Nacional. No obstante que tales políticas y programas habían sido hasta hace pocos meses bastante exitosos, resulta evidente que algo falló en el caso de La Unión. ¿Por qué una situación de vulnerabilidad alimentaria estructural degeneró en un brote de hambruna?¿Por qué, aparentemente, las intervenciones gubernamentales no fueron lo suficientemente enérgicas y oportunas en respuesta a las solicitudes de las autoridades locales?¿Por qué una situación tan grave no se ventiló públicamente sino hasta que surgió como trágica noticia?¿Por qué la emergencia fue atendida (afortunadamente) por una fundación privada antes que por las entidades estatales?
El tema nutricional debe ser una prioridad del Estado: existe amplia evidencia científica sobre la relación entre nutrición, productividad, crecimiento económico y desarrollo humano. Tenemos un adecuado marco legal y políticas consensuadas sobre el tema. Lo que hace falta es aplicarlas efectivamente.
