EL SISTEMA DE JUSTICIA
12/enero/2009
LA DEBILIDAD JUDICIAL FRENA EL DESARROLLO Y AGRAVA LA INSEGURIDAD
La situación actual del sistema de justicia en Guatemala sólo puede ser calificada como trágica. La tremenda debilidad institucional, que se traduce en una muy precaria administración de justicia, tiene consecuencias no sólo de naturaleza humana y social, sino que también impone un serio obstáculo al desarrollo económico del país. La ausencia de un sistema de justicia funcional tiene, además, interesantes consecuencias políticas –pérdida de popularidad- en una sociedad como la nuestra donde los reflectores de la vindicta pública se enfocan casi sólo sobre el Ejecutivo y el Congreso, sin demandar igual rendición de cuentas al Organismo Judicial, que por su trascendencia debería ser escrutado con similar celo.
De nada sirve a una nación contar con políticas económicas y sociales adecuadas si no cuenta al mismo tiempo con reglas de juego adecuadas y que se hagan cumplir. La falta de aplicación de la justicia desincentiva la inversión y los negocios; además, distrae la atención y los recursos gubernamentales que deberían dedicarse también a otras áreas, como la salud y la educación, que promueven el desarrollo. Diversos estudios demuestran que el imperio de la ley y, en particular, el sistema de justicia, son cruciales para que se produzca el desarrollo económico y social.
El sistema de justicia guatemalteco evidencia claras señales de colapso. La imposibilidad de los magistrados de la Corte Suprema de elegir a su propio presidente es sólo una muestra de la precariedad institucional del sistema. Más graves son muchas de las recientes e inexplicables resoluciones de jueces que hacen sospechar de una profunda penetración del crimen organizado en las estructuras judiciales y que ponen de manifiesto la magnitud del desafío que significa cambiar el status quo.
Donde sea que termina la ley, empieza la tiranía
Pero es precisamente un cambio radical y urgente lo que la situación demanda. A manera de ejemplo, en el año 2000 el ministro de justicia de Georgia, Mikhail Saakashwii, despidió a más de la mitad de todos los jueces de ese país que no pudieron aprobar un examen de competencias al que fueron sometidos; cuatro años después el sistema judicial de Georgia era uno de los mejor calificados de su región. Otras reformas judiciales, como las llevadas a cabo en Europa Central en los años 90 o en la España de la Transición, muestran también el vínculo que existe entre este tipo de reformas y la prosperidad económica que estos países alcanzaron subsiguientemente.
Siendo tan evidente ese vínculo, resulta paradójico que en nuestro país no se haya avanzado más rápidamente en la reforma del sistema de justicia, a pesar de diversos –y costosos- esfuerzos que se han intentado en el pasado. La explicación a ello puede ser que tal reforma es, más que un problema técnico, un asunto de voluntad política. Y en una democracia electoral la voluntad política sólo se mueve si los electores demandan las reformas porque están conscientes de su importancia y no existen grupos de presión opuestos a las mismas. En nuestro caso, pereciera que ni la ciudadanía, ni los políticos, ni los abogados, ni las fuerzas de seguridad coinciden en darle al sistema de justicia la prioridad que merece, lo cual no sólo es trágico sino peligroso porque, como John Locke escribió en 1690, “donde sea que termina la ley, empieza la tiranía”.
