POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025
Esta columna analiza las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025, destacando iniciativas como leyes sobre alianzas público-privadas, cooperativas y portabilidad numérica, entre otras. Sin embargo, critica la falta de ambición y la ausencia de reformas estructurales clave (justicia, control del gasto, servicio civil) y de políticas estratégicas enfocadas en la lucha contra la desnutrición infantil y la corrupción, urgentes para el desarrollo del país.
LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN 2025
El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo de Guatemala al Congreso refleja un incremento significativo, el mayor en 15 años, y plantea un déficit fiscal sin precedentes. A pesar de las deficiencias institucionales existentes, el gobierno muestra confianza en ejecutar un mayor gasto de manera eficiente. Aunque solo tiene disponible el 18% de sus ingresos para políticas públicas, las prioridades presupuestarias incluyen la educación, con un enfoque en salarios y relaciones sindicales, así como la infraestructura a través del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el presupuesto carece de énfasis en temas como la seguridad social y la transparencia, lo que sugiere una intención de asegurar la gobernabilidad política mediante el reparto de recursos a municipalidades y consejos de desarrollo.
NI UBIQUISMO NI LUQUISMO
La historia de Guatemala ofrece ejemplos extremos en la conducción económica: la austeridad asfixiante de Ubico frente al gasto caótico de Lucas. Ambos modelos demostraron ser inviables frente a los desafíos reales del desarrollo. En la actual coyuntura post-crisis, ni el recorte fiscal radical ni el endeudamiento excesivo ofrecen una salida sostenible. Lo que el país necesita es una combinación de responsabilidad macroeconómica y justicia social: una reforma tributaria profunda que incremente los ingresos del Estado sin frenar la inversión privada, acompañada de un gasto público eficiente y transparente. La clave está en evitar los atajos ideológicos y apostar por consensos duraderos que impulsen el crecimiento inclusivo.
EL FMI NOS TOMA EL PULSO
El informe del Artículo IV del FMI sobre Guatemala señala una recuperación económica incipiente tras la crisis mundial, gracias a políticas monetarias y fiscales acertadas. El sistema financiero se mantiene sólido, pero enfrenta desafíos con préstamos morosos. La advertencia central del Fondo recae sobre la política fiscal: urge mejorar la eficiencia del gasto, reducir el déficit sin comprometer la provisión de bienes públicos esenciales y fortalecer la recaudación tributaria. Este diagnóstico se vuelve relevante en el contexto actual de diálogo entre los poderes del Estado, ofreciendo una hoja de ruta técnica para enfrentar los problemas estructurales de la economía guatemalteca.
BIENES PÚBLICOS
El debate fiscal en Guatemala necesita centrarse en la comprensión del papel esencial de los bienes públicos en el desarrollo económico. Más allá de posturas ideológicas, se debe priorizar la inversión en servicios como salud, educación, infraestructura y justicia, que son clave para atraer inversión extranjera y mejorar los indicadores sociales del país. El aumento de la base tributaria debe entenderse como una herramienta para cerrar las brechas estructurales, y no como una meta aislada. Un presupuesto nacional bien dirigido a estos fines puede transformar la realidad de una nación que, a pesar de tener un ingreso medio, sufre una escasez crónica de bienes públicos esenciales.
POLÍTICA FISCAL Y CRISIS
El debate sobre la política fiscal en Guatemala, en el contexto de la crisis económica mundial, se ha centrado en si aplicar una política fiscal expansiva o austera. Ambos enfoques coinciden en la necesidad de mantener el déficit fiscal por debajo del 2% del PIB, con un gasto público transparente y de calidad. Aunque los términos utilizados varían, la prioridad es lograr un equilibrio que permita enfrentar los efectos de la crisis sin agravar la situación económica.
LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO
Los puntos clave de un presupuesto efectivo radican en mantener un déficit fiscal controlado y garantizar la ejecución eficiente y transparente del gasto público. La discusión sobre el tamaño del presupuesto o su uso con fines políticos debe centrarse en estos aspectos fundamentales. Un presupuesto excesivamente alto podría ser contraproducente debido a la incapacidad histórica de ejecución del gobierno y al riesgo para la estabilidad macroeconómica. Por otro lado, un presupuesto que no aumente al ritmo del crecimiento económico podría perjudicar la inversión pública necesaria en tiempos de desaceleración económica.