UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO
El reciente incremento del Presupuesto del Estado para 2024 demuestra la capacidad de alcanzar mayorías parlamentarias, incluso en un ambiente legislativo fragmentado. Se presenta una oportunidad clave para impulsar una agenda legislativa con visión a largo plazo, orientada a reformas pro-crecimiento y sostenibles.
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: LOS DESAFÍOS POR DELANTE
Para mejorar la infraestructura pública en Guatemala, es crucial implementar cambios administrativos y regulatorios que promuevan la transparencia y efectividad en la ejecución de obras. Una legislación moderna y adaptada puede acelerar el desarrollo vial y económico del país, priorizando la planificación, continuidad y supervisión de proyectos, además de fomentar la competencia en la contratación. Los líderes políticos deben actuar con visión para reformar el marco institucional y aprovechar los recursos disponibles eficientemente.
¿ES VIABLE LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024?
HABRÍA QUE EVITAR SEGUIR HACIENDO MÁS DE LO MISMO
ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS
URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO
BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024
En 2023, Guatemala mantuvo estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB del 3.3%, baja deuda pública, déficit fiscal, y un tipo de cambio estable, pese a una inflación del 3.5% y la incertidumbre electoral. Las exportaciones e importaciones cayeron por la desaceleración global, pero se espera una recuperación en 2024. Los retos incluyen mantener esta estabilidad, mejorar el clima de negocios, fortalecer instituciones y servicios públicos, y atraer inversiones mediante certeza jurídica y un entorno político estable.
LAS INSTITUCIONES DEL 44
Las reformas de la Revolución de 1944 en Guatemala crearon instituciones autónomas clave como la Universidad de San Carlos, el Banco de Guatemala y el IGSS, diseñadas para operar sin interferencias políticas y modernizar el país. A pesar de enfrentar desafíos similares a los de 1944, estas instituciones han demostrado su eficacia y estabilidad gracias a su autonomía y diseño inclusivo. Es crucial mantener un equilibrio en su gobernanza para evitar la captura regulatoria y garantizar la representación de diversos sectores.
ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS
Las elecciones en Guatemala, aunque demostraron la solidez del sistema democrático, revelaron debilidades en la gobernanza debido a la judicialización del proceso electoral. Esto genera incertidumbre que afecta negativamente la calificación de riesgo-país. A pesar de políticas macroeconómicas estables, Fitch Ratings destaca problemas de corrupción y estado de derecho como obstáculos para mejorar la calificación soberana, impactando la confianza financiera internacional y aumentando los riesgos crediticios.
PRIMERA VUELTA ELECTORAL: 5 PARADOJAS Y 5 LECCIONES
La primera vuelta electoral se desarrolló pacífica, transparente y legítimamente, pero sus resultados aún no se oficializan. De ella surgen varias paradojas, pero también varias lecciones a aprender para no volver a cometer los mismos errores en el futuro
PARÁFRASIS DE UN SUEÑO
Hace cincuenta años, el líder estadounidense de los derechos civiles, Martin Luther King, describió en un célebre discurso sus anhelos respecto del país que soñaba para que vivieran sus descendientes. Inspirado en ese sueño, comparto una paráfrasis de aquel discurso, trasplantando a Guatemala el anhelo de un país más libre, próspero y lleno de oportunidades para nosotros y nuestros descendientes
SOLUCIONES INSTANTÁNEAS (y 2)
Las soluciones instantáneas a problemas estructurales generan frustración y debilitan las instituciones. Frente a esto, las reformas graduales han demostrado ser más efectivas y sostenibles, como lo evidencian los casos de China e India. En lugar de prometer transformaciones radicales, países como Guatemala deben identificar obstáculos clave para su desarrollo y abordarlos con constancia, priorizando la lucha contra la corrupción y mejorando la gestión del gasto público. El cambio sistémico que se necesita requiere no solo de políticas públicas bien diseñadas, sino también de compromiso político, respaldo ciudadano y una administración pública que premie la eficiencia y castigue la negligencia.
SOLUCIONES INSTANTÁNEAS (I)
La sociedad guatemalteca muestra una peligrosa inclinación hacia las soluciones fáciles y rápidas, desde lo personal hasta lo estatal, despreciando el valor de la perseverancia y el esfuerzo sostenido. Este patrón se refleja en prácticas que van desde actos ilegales para enriquecimiento rápido hasta políticas públicas superficiales que evitan las reformas estructurales necesarias. Las propuestas instantáneas sustituyen al trabajo arduo: se prefiere una ley simbólica antes que una política bien diseñada, un bono asistencial antes que una reforma del sistema de pensiones, o una declaración constitucional antes que un verdadero proceso de reconciliación y diálogo social. Sin embargo, solo mediante el compromiso diario, la institucionalidad sólida y la gestión perseverante puede alcanzarse un bienestar duradero.
UNA HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El presupuesto nacional es el instrumento clave de la política fiscal y refleja los planes del Estado en el marco del desarrollo económico y social. Sin embargo, su eficacia se ve gravemente limitada por la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad institucional. Pese a ciertos avances recientes, Guatemala enfrenta rigideces y una alarmante deuda flotante. La reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto es urgente para institucionalizar normas anuales ya implementadas, mejorar el control del gasto, fortalecer los sistemas electrónicos de gestión y garantizar que todas las entidades cumplan con reglas fiscales claras. La discusión legislativa es lenta, pero crítica: el Congreso tiene una oportunidad única de consolidar avances y prevenir retrocesos antes de discutir el presupuesto de 2013.
LA ENCRUCIJADA DE LA VIOLENCIA
Los recientes avances en la lucha contra el crimen en Guatemala, incluidos la desarticulación de más de 70 bandas y la notable reducción del número de homicidios, ofrecen una señal alentadora en un país asfixiado por la violencia. Un estudio de la Declaración de Ginebra destaca el alto costo del crimen sobre el desarrollo nacional, estimado en más del 7% del PIB. Si bien los progresos recientes son significativos, su sostenibilidad depende de aplicar políticas integrales que aborden desde las instituciones hasta las víctimas potenciales. Es crucial fortalecer el Estado y su control territorial mediante el cumplimiento de la Ley Marco de Seguridad y el robustecimiento del sistema de inteligencia y carrera profesional policial, con el fin de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y propiciar el desarrollo duradero.
SOLUCIONES SIN PROBLEMAS
Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo incluyen cambios fiscales y de transparencia que, sin una exposición de motivos clara, generan más dudas que certezas. Aunque algunas propuestas —como el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas— resultan pertinentes, muchas otras podrían abordarse eficazmente a través de legislación ordinaria. El intento de plasmar principios generales como la rendición de cuentas o la prohibición de delegar funciones a ONGs no justifica una reforma constitucional tan amplia. Además, se ha desaprovechado la oportunidad de revisar asignaciones presupuestarias rígidas que dificultan una política fiscal eficiente. En suma, modificar la Carta Magna requiere enfoque, consenso y responsabilidad, priorizando solo aquello que verdaderamente necesita rango constitucional.
EL NUMERITO CLAVE
El déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, es el núcleo del debate sobre la salud financiera del Estado. Propuestas recientes para permitir que el Banco de Guatemala financie directamente al gobierno ignoran este punto crucial. Argumentar que dicha prohibición genera un “monopolio” para los bancos privados es erróneo: la raíz del problema está en la baja recaudación tributaria, no en quién otorga el crédito. Además, permitir que el banco central emita dinero para cubrir el déficit socavaría la estabilidad económica lograda con esfuerzo. Por otra parte, la deuda flotante por obras públicas no presupuestadas refleja el mismo problema: un déficit encubierto que, al reconocerse, eleva peligrosamente el nivel de endeudamiento del país. Mantener el enfoque en el déficit fiscal es esencial para evitar medidas improvisadas que comprometan la sostenibilidad económica a largo plazo.
LAS OPINIONES DEL FMI
Con la crisis económica europea, el FMI ha vuelto a cobrar protagonismo como ente técnico que prescribe medidas de ajuste y reforma a economías en dificultades. Aunque muchas críticas al organismo lo presentan como una burocracia ajena a las realidades locales, el FMI opera bajo decisiones de gobiernos miembros y cumple un rol técnico y multilateral. En lugar de desechar sus recomendaciones por prejuicios ideológicos, conviene evaluarlas con criterio, como en el caso de Guatemala. Allí, el FMI sugiere reformas que van desde la flexibilización monetaria ante un posible deterioro global, hasta la necesidad urgente de mejorar la recaudación fiscal, invertir en infraestructura y capital humano, y reforzar el sistema financiero para afrontar mejor las crisis futuras. Estas advertencias no deben tomarse como imposiciones, sino como insumos serios para formular políticas económicas sostenibles.
TRABAJAR MÁS AÑOS
Carlos Slim propuso aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral como forma de aprovechar mejor la experiencia de los adultos y dinamizar el empleo. Más allá del debate ideológico, la realidad demográfica está impulsando a numerosos países a elevar la edad de retiro, debido al creciente costo de las pensiones y al envejecimiento poblacional. Para 2050, se espera que la proporción de personas mayores de 65 años en relación con la población activa casi se duplique, lo que presionará aún más los sistemas de pensiones. En Guatemala, donde la esperanza de vida ha pasado de 54 años en 1970 a más de 72 en 2010, el número de años que un jubilado recibe pensión también ha aumentado, haciendo insostenible el modelo actual. Reformar el sistema previsional se vuelve indispensable para evitar la pobreza en la vejez y asegurar que las futuras generaciones puedan sostenerlo sin sobrecargas financieras insostenibles.
EL TAMAÑO DEL DÉFICIT ES LA CLAVE
El gobierno guatemalteco colocó US$700 millones en bonos del tesoro con una tasa de 5.88% y plazo a 10 años, superando expectativas de demanda internacional. Aunque se celebra como un logro financiero, el endeudamiento refleja el déficit fiscal estructural que enfrenta el país. La preocupación no radica en el acto de endeudarse en sí, sino en que el déficit fiscal se mantenga controlado para que la deuda no crezca más rápido que el PIB. Con una carga de deuda del 25% del PIB —la más baja de Centroamérica— Guatemala ha gozado de estabilidad financiera y buena reputación internacional. Sin embargo, esta posición depende de seguir gestionando prudentemente el gasto público y el ingreso fiscal, elementos que deben guiar las decisiones del Congreso y del Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad económica.
GOBIERNO CORPORATIVO Y LOS TRIBUNALES
La ineficiencia del sistema judicial guatemalteco se origina, en gran medida, en la falta de una estructura administrativa profesional. Jueces y magistrados, carentes de formación gerencial, asumen tareas administrativas que entorpecen su labor jurisdiccional. A pesar de reconocer esta sobrecarga, muchos se resisten a delegar, pues esas funciones representan estatus y poder. La solución pasa por adoptar prácticas de buen gobierno corporativo, separando claramente las funciones administrativas y jurisdiccionales, sometiendo a las instituciones a auditorías externas y garantizando transparencia. Como en los sistemas judiciales desarrollados, se propone delegar la gestión diaria a administradores profesionales, lo que permitiría a los magistrados centrarse en impartir justicia. La legitimidad del sistema judicial depende de su capacidad para ofrecer justicia pronta, eficaz y accesible; si no se logra, se pone en riesgo la gobernabilidad.
AUSTERIDAD O ESTÍMULO FISCAL
Frente al creciente rechazo social a las políticas de austeridad, los líderes del G8 han priorizado el crecimiento y el empleo. Sin embargo, muchos países aún deben enfrentar los efectos de un excesivo endeudamiento que exige recortes. El debate entre austeridad y estímulo no puede plantearse como una dicotomía, sino como una búsqueda de equilibrio según el contexto de cada nación. El estímulo puede ser útil donde el desempleo amenaza la reintegración laboral, siempre que sea sostenible y bien focalizado. En cambio, países como Grecia requieren ajustes severos para recuperar credibilidad. La clave es conjugar crecimiento económico con responsabilidad fiscal, especialmente en países como Guatemala, donde la deuda aún es manejable pero requiere planes creíbles para mantener la estabilidad.