LOS TRIBUNALES Y LA ECONOMÍA

13/abril/2009

LA LENTITUD Y CORRUPCIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL FRENA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La inoperancia del sistema de justicia es uno de los problemas que más perjudican el desempeño actual y futro de la nación. En la historia litigiosa del país no es difícil encontrar procesos que han tardado más de una década en resolverse. La lentitud con la que se administra la justicia en Guatemala y la impunidad resultante no sólo tienen consecuencias negativas sobre la moral ciudadana y el tejido social, sino que también perjudican las posibilidades de crecimiento de la economía.

Cuando la justicia no es cumplida se reduce al mínimo la probabilidad de ser castigado o multado por incumplir un contrato mercantil, lo que incentiva a las personas oportunistas a violar sus compromisos después de pactados. En términos financieros, la lentitud judicial reduce el valor presente del castigo, lo que desestimula la cooperación entre las partes contratantes. Por ejemplo, si una empresa debe realizar una inversión para proveer a otra de un activo cualquiera, la probabilidad de que aquélla viole el contrato aumenta una vez los costos están “hundidos” (no pueden ser recuperados). Un sistema de justicia oportuno que haga cumplir los contratos podría limitar este comportamiento oportunista y fomentar la inversión.

La lentitud en la aplicación de la justicia también promueve el comportamiento oportunista de los acreedores, quienes anticipan que sus prestamistas no podrán recuperar su dinero en los tribunales y, por lo tanto, estarán más tentados a caer en mora. Los prestamistas acreedores responderán a este comportamiento estratégico de los deudores reduciendo o encareciendo la oferta de crédito. La ineficiencia judicial causa, entonces, una reducción en la inversión y reduce el acceso a los mercados crediticios, con lo que perjudica el crecimiento económico.

Un sistema judicial débil no solo afecta la moral ciudadana, sino también la economía y la inversión

Igualmente dañino es el hecho de que la precaria situación del sistema judicial guatemalteco sea vista desde el exterior como un factor crucial de riesgo-país que afecta su calificación crediticia y encarece el crédito externo. En un reporte reciente de la empresa Control Risks se identifica a la extensa inseguridad y al cuasi-fallido sistema judicial como los principales problemas sociales que mantienen rezagada a nuestra economía y que impiden a los inversionistas aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el país.

Dicho reporte compara el funcionamiento de los tribunales con un juego de lotería, pues las probabilidades de obtener un veredicto basado en los hechos fidedignos del caso son sumamente bajas. Señala que la corrupción es un problema central: los bajos salarios de los funcionarios implican que los investigadores, los jueces y los magistrados pueden ser fácilmente comprados. Pero el problema, indica el reporte, es más grave que eso: cuando el soborno no funciona, las amenazas y la intimidación sí lo hacen. Además, la falta de coordinación entre las distintas entidades de seguridad y justicia coadyuva al retraso (muchas veces malicioso) de los procesos. Y, por si lo anterior fuera poco, existe una alta politización en el sistema, como lo prueba el vergonzoso impasse en la elección de Presidente de la Corte Suprema.

El desarrollo económico de Guatemala y el aprovechamiento de las oportunidades que el país ofrece pasa, pues, por una profunda y urgente reforma del sistema de justicia.